Sindicatos en Argentina protestan contra reforma laboral impulsada por Milei que quita derechos a trabajadores

El 11 de febrero de 2026, gremios y organizaciones sociales tomaron las calles de Buenos Aires y se concentraron en el Congreso, en protesta contra una propuesta de ley, impulsada por el presidente Javier Milei y la ultraderecha argentina, que, según el Gobierno, busca reducir la litigiosidad y la informalidad, que hoy afecta al 43% del empleo.

La manifestación, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), se desarrolla mientras que el oficialismo buscaba reunir 44 de los 72 votos necesarios para lograr la media sanción.

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Proyecto de “Modernización Laboral” se debate en el Congreso de Argentina

El martes 10 de febrero, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, anunció las variaciones realizadas en el escrito y señaló que han "logrado un acuerdo para tratar la primera ley laboral en democracia en más de 50 años… —El dictamen— ha llegado a buen puerto después de meses de trabajo".

Entre las concesiones anunciadas figura la exclusión de la rebaja del Impuesto a las Ganancias. Además, se retiró la posibilidad de que los salarios se acrediten en billeteras virtuales, y se mantuvo por dos años la obligatoriedad de los aportes sindicales, con un tope del 2% del sueldo.

En ese sentido, cientos de sindicalistas alzaron su voz frente al Legislativo ese miércoles, mientras se realiza el debate del mencionado proyecto de la ultraderecha. En paralelo, el Gobierno activó el protocolo antipiquetes y desplegó un operativo de seguridad en los alrededores del Congreso.

Por la tarde, se registraron momentos de tensión cuando un grupo reducido arrojó piedras contra las vallas, y las fuerzas respondieron con balas de goma y agua a presión.

¿Por qué los sindicatos están en contra de la reforma?

El día anterior al inicio de la sesión, la CGT sostuvo, según El País, que la proposición "no moderniza" y que esta "transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias". Añadió que esto implica "menos derechos, más precarización y salarios a la baja".

Entre las medidas más controversiales que se contemplan en el documento están la reducción de los aportes a la seguridad social, la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas diarias, el fraccionamiento de las vacaciones y el pago de los salarios en moneda nacional o extranjera, en especie (como criptomonedas), alojamiento o alimentos.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó el 11 de febrero que hubo un 92% de adhesión al paro nacional. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, afirmó que el tratamiento de esta propuesta representa "la mayor ofensiva que haya existido en democracia contra los obreros". "Están gastando millones para llevarnos puestos", agregó, según la cita recogida por el medio local Ámbito.

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¿Cuál es el siguiente paso?

Si el Senado aprueba el texto en general durante la sesión prevista para hoy, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo, donde La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, posee la mayoría de escaños con 95 legisladores.

Desde la oposición, el kirchnerismo anticipó su rechazo. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en declaraciones para Radio Con Vos, respaldó la marcha y advirtió que "es mentira que esta sea una ley que ayude a los jornaleros informales y a los que están en peores condiciones".