43 de 52 penales supervisados presentan problemas de inoperatividad en cámaras de vigilancia, advierte la Contraloría
Los problemas incluyen la falta de personal y armamento, así como deficiencias en los sistemas de videovigilancia. De los 52 penales inspeccionados, muchos presentan escasez de efectivos y tecnología esencial para controlar el ingreso de personas.
La República en GoogleLa Contraloría General de la República identificó 265 situaciones adversas que afectan la seguridad y vigilancia de 52 establecimientos penitenciarios del país, durante un operativo de control realizado del 14 al 16 de septiembre de 2026. Los hallazgos incluyen cámaras de videovigilancia inoperativas, falta de personal y equipamiento, deficiencias en los controles de ingreso y ausencia de sistemas de bloqueo de señales de telefonía móvil e Internet.
Los establecimientos supervisados, que se encuentran bajo la administración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), albergan a cerca de 90.000 internos. Según los informes de control, los riesgos se concentran principalmente en los penales de Lima, aunque también se identificaron deficiencias en establecimientos de distintas regiones del país.
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Uno de los principales problemas detectados corresponde a la insuficiente disponibilidad de personal, armamento, equipamiento táctico y medios de comunicación en los puestos de seguridad, con 81 situaciones adversas registradas.
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43 penales presentan problemas con sus cámaras de videovigilancia
La Contraloría advirtió que 43 de los 52 establecimientos penitenciarios supervisados presentan situaciones adversas relacionadas con la inoperatividad de sus cámaras de videovigilancia. En este ámbito se identificaron 51 situaciones adversas que podrían comprometer las labores de monitoreo y control de las instalaciones.
Entre las deficiencias encontradas figuran cámaras inoperativas o defectuosas, imágenes borrosas y equipos que no permiten visualizar adecuadamente determinados espacios. También se detectaron zonas críticas sin cobertura de videovigilancia, lo que genera puntos ciegos dentro de los establecimientos.
A estas fallas se suma el incumplimiento del periodo mínimo de almacenamiento de las grabaciones, establecido en 60 días por la normativa correspondiente. Estas limitaciones podrían dificultar la detección de incidentes y la recuperación de imágenes necesarias para esclarecer hechos que comprometan el orden y la seguridad penitenciaria.
Los riesgos se identificaron con mayor frecuencia en la Base Naval–Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), en el Callao; los penales de Yurimaguas e Iquitos, en Loreto; Bagua Grande, en Amazonas; Arequipa y Camaná, en Arequipa; y Cochamarca, en Pasco.
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Falta de personal y agentes con licencias vencidas
Otro de los principales hallazgos corresponde a la falta de personal para cubrir las funciones de seguridad. En 24 de los 52 penales inspeccionados, la cantidad de trabajadores resulta insuficiente para atender todos los torreones, vigilar el perímetro, controlar los sistemas de videovigilancia y realizar el traslado y custodia de los internos.
Esta situación, según la Contraloría, limita la capacidad de respuesta ante posibles incidentes que pongan en riesgo a los internos, al personal penitenciario o a los visitantes.
Asimismo, se identificaron agentes de seguridad que no cuentan con licencias para el uso de armas de fuego o que tienen estos documentos vencidos. En total, 229 agentes tenían licencias vencidas: 200 trabajaban en el penal Miguel Castro Castro, en Lima, y otros 29 en el establecimiento penitenciario de Chachapoyas, en Amazonas.
La entidad advirtió que esta situación puede generar contingencias legales ante un eventual uso de las armas de fuego.
Entre los establecimientos que presentan limitaciones en la disponibilidad de personal, armamento, equipamiento táctico y medios de comunicación figuran los penales Miguel Castro Castro, Cañete y Huacho, en Lima; Huaraz y Chimbote, en Áncash; Chincha, en Ica; La Oroya y Chanchamayo, en Junín; Trujillo, en La Libertad; Tumbes; Tarapoto, en San Martín; y Moquegua.
Siete penales carecen de bloqueo de señal de celulares e Internet
La inspección también identificó deficiencias en los sistemas destinados a impedir las comunicaciones no autorizadas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
En 13 de los 52 penales supervisados se encontraron situaciones adversas relacionadas con el funcionamiento de los sistemas de bloqueo o inhibición de señales de telefonía móvil y radiofrecuencia, así como con la falta de supervisión de estos equipos.
De ese total, siete establecimientos penitenciarios carecen de sistemas de bloqueo de señales de telefonía móvil, Internet y radiofrecuencia. Se trata de Barbadillo, en Lima; la Base Naval–CEREC, en el Callao; Río Negro, en Junín; Juanjuí y Tarapoto, en San Martín; Iquitos, en Loreto; y Pucallpa, en Ucayali.
Los otros seis establecimientos cuentan con inhibidores instalados, pero no disponen de resultados de las pruebas que acrediten su efectividad ni de reportes de incidencias vinculados al funcionamiento de estos sistemas.
Además, en los establecimientos del Callao y Chiclayo, en Lambayeque, se comprobó la existencia de señal de telefonía móvil pese a que contaban con sistemas de bloqueo instalados.
Equipos de control de visitas inoperativos
La Contraloría registró otras 50 situaciones adversas relacionadas con la carencia o inoperatividad de equipos tecnológicos destinados a controlar el ingreso de visitantes y bienes a los penales.
Entre los equipos con problemas se encuentran máquinas de rayos X, arcos detectores, escáneres, sistemas de control biométrico y detectores portátiles de metales. Estas deficiencias limitan la revisión de las personas que ingresan a los establecimientos y podrían facilitar el ingreso de objetos prohibidos.
En los penales de Chimbote, en Áncash, y del Callao, el control, la inspección y el registro de personas se realizan únicamente de forma manual debido a las fallas o la inoperatividad de los equipos tecnológicos.
También se encontraron equipos inoperativos en los establecimientos penitenciarios de Challapalca, en Puno; Camaná, en Arequipa; Huancayo, en Junín; Huánuco; Cochamarca, en Pasco; Cajamarca; y Trujillo, en La Libertad.
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Deficiencias en muros, cercos y sistemas de iluminación
Las condiciones de seguridad del perímetro también fueron objeto de observaciones. En 41 de los 52 establecimientos penitenciarios supervisados se identificaron situaciones adversas relacionadas con el estado físico de los elementos de protección perimetral.
Los auditores detectaron deficiencias en la conservación, integridad y funcionalidad de muros, cercos, mallas y estructuras de los torreones. Estas condiciones podrían reducir la capacidad de contención y protección de los establecimientos.
Asimismo, se reportaron problemas en la operatividad, disponibilidad y cobertura de los sistemas de iluminación y de los faros conocidos como «busca personas», utilizados para vigilar el perímetro durante la noche.
INPE deberá adoptar medidas correctivas
Los resultados del operativo realizado entre el 14 y el 16 de septiembre de 2026 fueron comunicados a los directores regionales del INPE para que adopten las medidas correctivas correspondientes.
De acuerdo con la Contraloría, las acciones que se implementen deberán ser remitidas al Órgano de Control Institucional (OCI) del INPE.
Los hallazgos comprenden deficiencias en videovigilancia, personal, armamento, control de visitantes, inhibición de señales y seguridad perimetral, aspectos que inciden en la capacidad de los establecimientos penitenciarios para prevenir incidentes y mantener el control de sus instalaciones.
