La trata, la minería y el narcotráfico: una alianza escalofriante
La trata de personas se consolidó en regiones como una ‘industria de servicio’ esencial para el narcotráfico y la minería, según estudio de la Fiscalía y UNODC.
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María Alejandra sólo quería estar unos meses en Perú, ahorrar y volver a Carabobo (Venezuela) para abrir una bodega. Jamás imaginó que pasaría casi dos años de pesadilla en una ‘plaza’, cerca del Mall del Sur y otro medio año en La Pampa, una zona minera en Madre de Dios.
La joven de 24 años, madre de dos niños, es uno más de los casos reportados de trata de mujeres y explotación sexual que se producen en el país donde miles de personas viven de la minería ilegal e informal.
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Y es en estas zonas, donde el tráfico sexual opera al lado de la minería al margen de la ley y el narcotráfico; lo que los expertos en crimen organizado llaman una alianza escalofriante.
El estudio sobre la trata de personas como delito fuente al lavado de activos en Perú, realizado por el Ministerio Público y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el apoyo del Gobierno de Canadá, ha arrojado una serie de hallazgos clave que permiten comprender la complejidad de este fenómeno.
El documento detalla como mujeres y menores responden a ofertas de empleo falsas o son reclutadas directamente por intermediarios que les ofrecen un trabajo “digno”.
Una vez que las víctimas son trasladadas hasta los centros de explotación, sus documentos de identificación son confiscados. El vía crucis que padecen es interminable.
Mano de obra forzada
El estudio señala que la trata de personas se ha consolidado como una ‘industria de servicio’ funcional y esencial para la operación del narcotráfico y la minería ilegal de oro y cobre en Perú.
Provee de manera sistemática mano de obra forzada y explotación sexual en los enclaves donde estas actividades predominan en zonas de débil presencia Estatal.
La escasa presencia del Estado y el control territorial ejercido por redes mafiosas han dado lugar a una gobernanza criminal donde estas mantienen dominio territorial e imponen sus propias reglas, perpetuando la impunidad y la vulneración de los derechos humanos.
La investigación señala que una parte significativa de las ganancias ilícitas se sigue lavando a través de métodos más simples, como el uso de testaferros, la adquisición de bienes, el pitufeo y la inversión en pequeños negocios de fachada.
Estos métodos se aprovechan de la alta informalidad de la economía peruana. La tendencia para 2024-2025 indica una creciente exploración del uso de billeteras digitales y criptomonedas, aunque el efectivo sigue siendo predominante.
El documento señala que se han identificado nodos geográficos donde convergen múltiples flujos ilícitos y donde la incidencia de la trata de personas se intensifica, como Puno, Tumbes, Loreto y Madre de Dios.
Estos epicentros representan zonas de alto riesgo, pero también oportunidades para una intervención estatal focalizada y estratégica, teniendo en consideración que todas las regiones son zonas de frontera con dinámicas diferenciadas, pero, con presencia de mafias con un portafolio de economías y mercados ilegales diversificado.
De acuerdo con el estudio, el Reinfo se ha desnaturalizado y ha operado como un instrumento que, bajo un manto de presunta legalidad, ha permitido la continuidad de operaciones mineras ilegales y ha facilitado el lavado de activos a través del oro extraído ilegalmente.
La nueva regulación busca reencauzar este proceso, pero su implementación enfrenta enormes desafíos. Zonas como La Rinconada y La Pampa son ‘hubs’ donde convergen y se refuerzan mutuamente el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de madera y la trata de personas.
La carretera Interoceánica Sur y la carretera de selva no solo conectan al país, sino que son arterias vitales para el flujo de estas economías ilegales hacia Bolivia.
Peruanos controlan el 68% de las mafias
El 98% (592 de 603) de las víctimas (comprendidas en el estudio) son mujeres, y las menores de edad (nacionales y extranjeras) representan un tercio del total de víctimas rescatadas.
El 68% de los detenidos son peruanos, esto demuestra que, aunque en muchos casos la captación y otras conductas pueden ser de origen transnacional, la operación, control y ejecución del delito dentro del Perú son gestionados principalmente por redes u organizaciones locales.
Los hombres componen la mayoría de los detenidos en el caso de peruanos (192 hombres y 59 mujeres). Hay un desbalance entre víctimas rescatadas y detenidos.
