“Sentimos que el Estado nos está matando de hambre”

Escucha una voz irreconocible en el otro lado de la línea de su celular y se alarma. Manuel Inuma Alvarado, hermano del asesinado líder kichwa Quinto Inuma, se mantiene firme, pese a las amenazas que ha recibido por defender los bosques y la naturaleza. Él es el actual jefe de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín.

El asesinato de su hermano ocurrió el 29 de noviembre del 2023. Ese día, el líder indígena y varios de sus familiares regresaban desde Tarapoto hacia su comunidad. Días antes había participado en una reunión de defensores ambientales en la ciudad de Pucallpa (Ucayali).

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Quinto llevaba varios años pidiendo que se concretara la titulación de su comunidad. Se enfrentaba a los invasores de tierras, taladores ilegales y personas aliadas del narcotráfico.

PUEDES VER: Al rescate del patrimonio cultural: más de 7.000 piezas históricas de Perú fueron recuperadas

Piden volver al bosque

Tras el asesinato, su esposa, Betty Mandruma, su hijo Kevin Inuma y otros familiares cercanos, tuvieron que abandonar la comunidad y hoy permanecen con custodia policial. Manuel Inuma dice que tuvieron que abandonar su hogar para salvaguardar sus vidas.

“Nosotros queremos retornar al bosque. El Estado nos ha abandonado, nos ha traído a casas de unos familiares, nos ha puesto un policía en la puerta y eso es todo. Nuestros hijos necesitan estudiar. Sentimos que nos están matando de hambre. Estoy impedido de trabajar, no tengo dinero. Sobrevivimos gracias a la ayuda de algunos organismos”, cuenta.

Y agradece a Paz y Esperanza, al Fondo Social Amazónico y a IDL, que los están apoyando para sobrevivir.

PUEDES VER: EsSalud para hijos de hasta 28 años: ¿cuáles son los requisitos y qué otros familiares pueden acceder al seguro?

“Esto no es vida. Nosotros debemos estar al frente de la comunidad, no acá (refugio), nuestros hermanos sufren, nuestros hijos quieren vivir libremente en el bosque”, dice.

Dirigentes amenazados

También asegura que quienes quedaron en la comunidad están inseguros. “Hay mucho temor en los hermanos que aún quedan porque pueden ser victimados. No hay garantías en la comunidad, no hay ningún puesto policial, no hay nada”, señala Manuel Inuma.

Asegura que Édgar Inuma Mandruma, presidente de las rondas comunales; Meister Inuma Pérez, viceapu; Clorimiro Díaz Olimares, fiscal de la comunidad; y Winston Tapullima, jefe de rondas, también han sido amenazados.

Manuel Inuma reclama la instalación de un puesto de control. “Estamos protegiendo un bosque de 23.000 hectáreas. Conservarlo y defenderlo no es fácil. Hemos luchado, estamos realizando vigilancia en nuestros ríos, nuestras cuencas, para que estén intactos para el mundo. Vamos a defenderlo con nuestras vidas”.

PUEDES VER: "Ecuador está justificando su accionar y no es correcto", advierte Oscar Vidarte sobre quiebre de lazos con México

Axeldina Barbarán Tapullima, quien se salvó de morir durante el ataque que sufrió Quinto Inuma, también quiere volver a su comunidad. “Mi hija  terminó la secundaria y debo trabajar para ayudarla, no hay dinero y tengo cuatro hijos que cuidar”, dice entre lágrimas.

Ella viajaba en la embarcación que fue bloqueada para que los encapuchados pudieran asesinar a Quinto Inuma.

Justicia responde

Desde el Ministerio de Justicia  informaron que este sector gestionó la “extracción” de los familiares de la zona donde corrían peligro y también la custodia policial que hoy tienen los deudos de Quinto Inuma.  

También responde que gestionan ayuda económica para la viuda e hijos del apu asesinado. Se espera que cumplan.

ONU muestra preocupación por indígenas

La Relatoría Especial sobre la Situación de Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la ONU reveló, el último 30 de marzo, que en enero del 2024 pidió al Gobierno del Perú información sobre la protección de los comuneros, luego del asesinato de Inuma Alvarado, pero no hubo respuesta hasta después de dos meses.

La Relatoría de la ONU advierte que, por la inacción del Estado, en este caso se habrían violado numerosas normas internacionales de derechos humanos. La preocupación mostrada por organismos internacionales es una respuesta al poco interés de las autoridades por proteger a las comunidades.