Sociedad

Defensoría exige cese de violencia tras el conflicto en las Bambas

El órgano autónomo informó que hasta el momento se han reportado 18 personas heridas en el sector de Taquiruta, ubicado en la minera Las Bambas

La Defensoría recordó a la Policía Nacional  a Policía Nacional que en todo momento debe hacer uso legal, necesario y proporcional de la fuerza. Foto: La República.
La Defensoría recordó a la Policía Nacional a Policía Nacional que en todo momento debe hacer uso legal, necesario y proporcional de la fuerza. Foto: La República.

Tras los hechos de violencia ocurridos el último 27 de abril en Taquiruta, la Defensoría del Pueblo del Perú condenó el abrupto desalojo que efectuó la Policía Nacional (PNP) a los manifestantes que se encuentran acampando en la mina Las Bambas. De tal forma, el órgano autónomo hizo un llamado a detener los enfrentamientos y a promover del diálogo.

A través de un comunicado de prensa, el órgano autónomo publicó lo siguiente: “Condenamos los hechos de violencia ocurridos ayer en el sector Taquiruta, durante la diligencia posesoria de la empresa minera Las Bambas y exhortamos al Ministerio Público a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de los ilícitos penales cometidos”.

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Según información de la Defensoría, el enfrentamiento ha dejado un total de 14 civiles y cuatro efectivos policiales heridos, pero ningún detenido. Sin embargo, estas cifras contradicen las ofrecidas por la Policía Nacional, que ayer detalló que durante los enfrentamientos resultaron heridas cuatro personas, mientras que otras once fueron detenidas.

Cabe mencionar que en diversos videos transmitidos por medios locales de la zona, se observa a los agentes utilizar gas lacrimógeno para dispersar a los comuneros, quienes respondieron con piedras.

En ese línea, la Defensoría se dirigió al cuerpo policial que “en todo momento debe hacer uso legal, necesario y proporcional de la fuerza”.

“Recordamos a la Policía Nacional que en todo momento debe hacer uso legal, necesario y proporcional de la fuerza. Y que es su obligación presentar un informe sobre su actuación al término del operativo. El estado de emergencia no es una medida que ampare violaciones a los derechos, por el contrario, es un recurso para pacificar y crear oportunidades para avanzar por la vía del diálogo”, finalizó el órgano defensor.

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