Ana Estrada logra dar un gran paso en su lucha por una muerte digna

Una sentencia histórica. Luego de meses de lucha, Ana Estrada logró que el Poder Judicial ordene al Ministerio de Salud y a EsSalud respetar su decisión de acceder a una muerte digna.

El juez Jorge Ramírez Niño de Guzmán, del Décimo Primer Juzgado Constitucional, dictó en su resolución que se inaplique el Artículo 112 del Código Penal, que condena a todo aquel que cometa homicidio piadoso.

Ana fue diagnosticada con polimiositis hace más de 30 años. La enfermedad alteró su vida poco a poco hasta obligarla a permanecer en cama por más de 20 horas al día.

La audiencia que condujo a este fallo se realizó el 7 de enero. Poco después, en diálogo con La República, Ana contó que aquel día, ante el juez, alcanzó una meta tras un largo camino.

Y, ayer por la tarde, agradeció a la Defensoría del Pueblo que la acompañó en este proceso, así como a su familia y amigos por estar a su lado.

La resolución del Poder Judicial, dijo, le permite ser dueña de su vida. “Yo siento que una puerta se ha abierto para mí, (el fallo) está diciendo tú ahora eres dueña de tu cuerpo, tus decisiones y de tu vida”.

Dedicó este primer logro a ’'las niñas, adolescentes y mujeres que tienen que callar o han callado. A las madres, hermanas, hijas y amigas de las que mataron o desaparecieron. ¡Justicia para todas!’'.

Percy Castillo, adjunto de la Defensoría del Pueblo para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, consideró que está en manos de las instituciones demandadas tomar la decisión de no apelar. Estas disponen de tres días hábiles desde que son notificadas para decidir cómo procederán.

“Sería un paso muy importante que el Estado en su conjunto reconozca que estamos frente a un derecho y exteriorizarlo decidiendo no apelar”.

En tanto, Javier de Belaunde, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, anota que la lucha de Ana ya ha ganado un lugar en la historia. “Es una sentencia histórica y muy positiva para la defensa de los derechos en el Perú”.

De Belaunde resalta que los procuradores no tienen la obligación de apelar; no obstante, normalmente en la práctica lo hacen. Y en este caso hay tres, por lo que es probable que al menos uno decida hacerlo.

Si eso ocurre se tendría que ir a una segunda instancia, explica Castillo. Se convoca a una nueva audiencia en la que participan tres vocales. Y si aquí se revoca lo decidido en primera instancia, entonces se acude al Tribunal Constitucional.

Pero si en segunda instancia se confirma el fallo a favor de Ana, este queda confirmado.

La resolución

De Belaunde sostiene que el juez fue cuidadoso con cada punto de su resolución. Por ejemplo, manifiesta que el Estado no puede dejar de tener piedad y tiene en cuenta el respeto del derecho de objeción de consciencia de los médicos, además de otros detalles.

Ahora bien, la resolución fija plazos para elaborar planes y protocolos necesarios para cumplir la voluntad de la demandante. Y resalta que el procedimiento de la eutanasia deberá ejecutarse con celeridad.

“El ejercicio de este derecho implica que el procedimiento solicitado y diseñado por la junta médica debe ejecutarse dentro de los diez días hábiles contados a partir del momento en que ella manifieste su voluntad de poner fin a su vida”, indica la resolución del juez.

En tanto, Percy Minaya, viceministro de Salud Pública, dijo que se trata de un tema “polémico”, debido a que genera mucho debate, por lo que sostuvo que se debe esperar un pronunciamiento oficial de las instituciones involucradas.

Y precisamente esta posibilidad y este derecho son los que Ana defendió durante su larga lucha: “la libertad de elegir”. Para ella, la búsqueda de una muerte digna se ha convertido paradójicamente en su motivación de vida.

El dato

Premier. Violeta Bermúdez dijo que el fallo en el caso Estrada no solo habla del derecho a la vida, sino a la vida digna

La palabra

Eduardo Vega Luna, ministro de Justicia

“Saludo y respaldo la decisión del Poder Judicial frente al pedido de Ana Estrada y la Defensoría del Pueblo. Esta decisión reconoce el derecho fundamental a una vida digna de la persona (...)”.