Batallas contra la normalidad

Hoy viernes en una sala del penal de Quencoro, Cusco, declaran los padres de Nathaly Salazar, la turista ecuatoriano-española desaparecida el 2 de enero de 2018. Los dos detenidos sostuvieron hasta hace poco que la turista murió cuando practicaba zip-line y arrojaron el cadáver al río Vilcanota. Sin embargo, el abogado de los acusados, como vocero de ellos, propuso a los padres de la víctima que paguen 10.000 dólares a cambio de decirles donde están los restos.

Eso no fue lo peor: el fiscal planteó al juzgado la conclusión anticipada del proceso y una pena por homicidio culposo, a cambio de que los detenidos revelen el lugar. Ello hubiera evitado la presentación de pruebas en el juicio. La jueza Melody Contreras rechazó esa vía, por eso sigue el juicio oral.

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Los padres de la víctima han comunicado a la fiscal de la Nación estas y otras irregularidades cometidas por el fiscal Juan Carlos Larnia, pero aún no hubo respuesta. Las investigaciones de control interno se expanden como virus contra otros fiscales más conocidos.

Además, como el juicio es en un penal, la prensa debe hacer trámites para cubrirlo.

En este caso, como en cientos en el Perú, la denuncia de la desaparición fue aceptada solo después de 72 horas, y las primeras diligencias tardaron. Una situación parecida, de descuido y maltrato, sufre la familia de Karin Alvarado López, desaparecida en Lima en agosto. Con apoyo de la Defensoría, su hermano averiguó esta semana que la Fiscalía aún no hizo ninguna búsqueda.