Política

Fiscal de la Nación abre investigación contra Morgan Quero por llamar "ratas" a asesinados en protestas

Ministro de Educación fue citado a declarar para el 10 de enero de 2025. Se le atribuye preliminarmente el delito de discriminación en agravio de las víctimas de la represión.

Morgan Quero asegura que no escuchó bien la pregunta, pero video comprueba que interrogante fue planteada de manera directa. Foto: La República
Morgan Quero asegura que no escuchó bien la pregunta, pero video comprueba que interrogante fue planteada de manera directa. Foto: La República

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, inició diligencias preliminares contra el ministro de Educación, Morgan Quero, por el presunto delito de discriminación. Esto al responder que "los derechos humanos son para personas, no para las ratas" al ser consultado por La República sobre el silencio del Gobierno de Dina Boluarte sobre los 50 muertos en las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023.

Espinoza abre la investigación en mérito a las denuncias penales que se interpusieron contra Quero tras las condenables declaraciones. Estas fueron planteadas por Ronald Atencio, presidente del Partido Voces del Pueblo; Raúl Constantino Samillan Sanga, presidente de la Organización Nacional de Familiares y Víctimas de las Masacres 2022 - 2023; y el abogado Javier Adrianzén.

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"Los recurrentes denunciaron la presunta comisión del delito de discriminación al considerar que dicha calificación ["ratas"] fue denigrante y ofensiva en menosprecio a los fallecidos en las protestas contra el régimen de Dina Boluarte, atentando contra su dignidad humana", se lee en la disposición fiscal a la que accedió La República.

Se le imputa preliminarmente al aún ministro de Educación haber realizado, a través de su inaceptable declaración, "actos de distinción que menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio del derecho a la dignidad humana, a la protección de su memoria y honor de las víctimas de la represión a finales de 2022 y principios de 2023 por las protestas contra el gobierno de Dina Ercilia Boluarte Zegarra".

El delito que se le atribuye de momento a Quero, discriminación, tipificado en el artículo 323 del Código Penal, es sancionado con una pena de entre 2 a 3 años de prisión o de 60 a 120 jornadas de servicio comunitario.

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Requerido

Delia Espinoza programó para el viernes 10 de enero de 2025, a las 10:00 de la mañana, la toma de la declaración indagatoria de Morgan Quero. La misma que se desarrollará en la sede central del Ministerio Público. En dicha diligencia, el ministro deberá brindar su versión de los hechos.

Su defensa mediática ha sido la de desentenderse de la situación, asegurar que se refería a los violadores de menores de edad y acusar a la corresponsal de este diario en Piura, Almendra Ruesta, de no haber hecho una pregunta clara.

Sin embargo, el video desbarata la afirmación de Quero. En el material se escucha sin lugar a dudas que la pregunta fue: "Ayer fue el Día de los Derechos Humanos. ¿Por qué el gobierno no se ha pronunciado sobre los cincuenta fallecidos en las protestas?".

Más diligencias

La fiscal de la Nación dispuso que la investigación preliminar contra Morgan Quero tenga un plazo de 60 días. Cumplido dicho lapso deberá decidir si formula denuncia constitucional ante el Congreso para el levantamiento del antejuicio político o archiva el caso.

Como parte de las diligencias se le ha requerido al Congreso que informe si ha iniciado un proceso de control político a raíz de la abominable declaración. Si bien existe una moción de interpelación, esta quedará paralizada hasta marzo de 2025, cuando inicie la segunda legislatura del periodo 2024-2025.

El Ministerio Público también ha oficiado a la Defensoría del Pueblo a fin de que comunique de algún informe o procedimiento por la acción de Quero.

Efectivamente, la entidad que lidera el defensor Josué Gutiérrez fue la primera en rechazar la actitud del ministro de Educación y exigir a la mandataria su inmediata destitución.

Sin embargo, Boluarte pasó por agua tibia la deplorable declaración y lo mantiene en el gabinete. Lo mismo hizo el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, el premier Gustavo Adrianzén, a cuya entidad la Fiscalía también ha solicitado información.

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