Apelan sentencia que condena a 11 dirigentes de Cotabambas
La sentencia del Juzgado Unipersonal de Cotabambas que condena a 11 dirigentes comunales de la provincia de Cotabambas, región Apurímac, a penas de 8 y 9 años de prisión por participar en las protestas contra Minera Las Bambas en 2015, fue apelada el día de hoy por el abogado David Velasco.
El letrado alega que en el fallo del juez Andrés Avelino Flores Aguilar no se ha mencionado la acusación fiscal sobre autoría mediata y tampoco se ha establecido una relación de causalidad entre los dirigentes y los actos de violencia cometidos por terceros.
“No señala si los condenados son autores mediatos o no son autores mediatos. Tampoco señala las pruebas que supuestamente acreditarían una responsabilidad penal de los dirigentes. Si bien es cierto que se habían realizado diversos actos de protesta y de repente acciones de violencia, no se ha establecido una relación de causalidad entre los dirigentes y los actos de violencia cometidos por terceros”, sostiene David Velasco.
En esta línea, anota que el Juez ha incurrido en evidente vulneración del derecho de defensa y del debido proceso judicial al infringir el principio de congruencia procesal entre acusación y sentencia.
Velasco estima que sus patrocinados están siendo condenados solo por pertenecer al comité de lucha, sin tomar en cuenta que el Tribunal Constitucional ha establecido que la responsabilidad penal es de naturaleza personal y no se puede atribuir actos de terceros.
La sentencia en primera instancia ha quedado suspendida hasta que se resuelva la apelación presentada ante el juez del Juzgado Unipersonal de Cotabambas, Andrés Avelino Flores Aguilar.
“El juez revisa que estén presentes los requisitos de forma de ley y si están presentes la envía a la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Apurímac. Esperamos que la Sala Penal en su decisión, después de los alegatos que hagamos en la audiencia de apelación, cambie la sentencia y disponga la absolución de todos”, manifestó el abogado.
David Velasco refirió que la empresa Las Bambas fue la que interpuso la denuncia de parte y junto a su abogado Romario Ramírez Arévalo solicitó una reparación civil de 88,600 dólares, pedido que ha sido concedido y deberá ser pagado entre los 11 sentenciados.
El juzgado ha ordenado también el pago de 50 mil soles a favor del Estado a través de la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior.
