Emplazan a ministro del Interior para sustentar legalidad de cese de Jorge Angulo
Parlamentaria Patricia Chirinos envió esta tarde un oficio donde le señala al ministro Víctor Torres Falcón que incumplió con remitir un informe al Congreso.
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La presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, Patricia Chirinos, envió esta tarde un oficio al ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, donde le exige un informe con las explicaciones sobre la legalidad del reciente cese del teniente general PNP Jorge Luis Angulo del cargo de comandante general de la Policía Nacional.
El documento es enviado luego de que el ministro Víctor Torres Falcón incumpliera con el ofrecimiento formulado el martes último en la sesión de la Comisión de Defensa.
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En el oficio, Patricia Chirinos le recuerda al ministro que se comprometió a enviar dentro del plazo de 24 horas un informe respondiendo las inquietudes planteadas durante la sesión; una de ellas en relación al cese de Jorge Luis Angulo.
Ante tal incumplimiento, Patricia Chirinos le pide en forma "muy urgente" enviar un informe donde explique el cumplimiento del artículo 8 del decreto legislativo 1267, ley general de la Policía Nacional del Perú, con respecto al pase al retiro de Angulo.
Esto debido a que el actual Congreso promulgó por insistencia la ley 31570, el 9 de setiembre del 2022, donde establecen un plazo fijo de dos años para ejercer la comandancia general de la Policía y precisan que el cese puede darse solo ante seis causales, y ninguna de ellas se cumplió en el caso de Jorge Luis Angulo.
Chirinos también le pide al ministro del Interior “copia de los documentos con los que dispuso las acciones a la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior”, con respecto al cese.
En la sesión del martes último, el ministro Víctor Torres Falcón solo arguyó que dicho pase al retiro no fue ilegal, debido a que la ley 31570 aún no ha sido reglamentada.
Sin embargo, el teniente general PNP Jorge Luis Angulo hoy aprovechó la ceremonia del relevo para calificar públicamente su retiro como una acción “abrupta, irregular e ilegal”, con lo cual se pretende mellar la moral de la institucional policial.
