Admiten denuncia constitucional contra Pedro Castillo y gabinete de Aníbal Torres por cuestión de confianza
Dina Boluarte también es incluida en la denuncia pese a que no participó ni suscribió el acuerdo en el que se considera como negada la confianza.
La República en GoogleEste viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, el ex primer ministro Aníbal Torres y los integrantes del gabinete ministerial que presidió, por interpretar como denegada la cuestión de confianza sobre la Ley 31399.
La decisión fue adoptada con 14 votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención. Se le imputa al jefe de Estado la presunta vulneración de los artículos 38 y artículo 118 de la carta magna, mientras que a los ministros y exministros de Estado el apartado 38 de la Constitución.
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Votación del informe de calificación de la denuncia constitucional.
Pese a que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Richard Tineo, y la extitular de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, no participaron en la sesión del Consejo de Ministros, en la que se consideró como denegada la cuestión de confianza, también se les pretende acusar por falta a la carta magna.
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Según el informe de calificación aprobado, el hecho de no haber asistido a la referida sesión del Consejo de Ministros “no los eximiría de responsabilidad por el texto expreso del artículo 128 de la Constitución”.
El segundo párrafo del artículo invocado establece que “todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente”.
TC frena intención de cerrar el Congreso
El último jueves, el Tribunal Constitucional otorgó una medida cautelar al Congreso y ordenó al Ejecutivo abstenerse de interpretar como denegada la cuestión de confianza sobre la Ley 31399. Esto mientras se resuelve el proceso competencial, que fue admitido a trámite.
Con la medida cautelar se busca evitar un eventual cierre del Parlamento que tome como base una presunta negación a la cuestión de confianza interpretada erróneamente por el Gobierno del presidente Pedro Castillo.
