Dina Boluarte: el 25% de los ministros que tomó juramento terminaron investigados por la Fiscalía
Dentro del gabinete Otárola, todavía hay 4 ministros que son investigados por el Ministerio Público. Otros fueron apartados, pero el número de funcionarios cuestionados se incrementó con la designación de Eduardo Arana Ysa en el Minjus.
A pesar de que la presidenta de la República, Dina Boluarte, intenta marcar un contraste con la anterior gestión de Pedro Castillo respecto a la transparencia de sus funcionarios; en la práctica, su Gobierno también tiene una cuota importante de personas de confianza dentro de su gabinete que se encuentran inmersas en procesos indagatorios en la Fiscalía de la Nación por diversos casos. En nueve meses de gestión, el 25% de los ministros que tomó juramento —desde que asumió el cargo el 7 de diciembre del 2022— terminó investigado.
De diciembre del 2022 a septiembre del 2023, 36 profesionales han integrado los gabinetes ministeriales del Gobierno de Dina Boluarte, los cuales fueron dirigidos por dos jefes de la Presidencia del Consejo de Ministros. En la actualidad, cuatro de los integrantes del gabinete Otárola están en condición de investigados por el Ministerio Público. Otros cinco exministros —pese a que fueron separados del cargo— siguen bajo procesos indagatorios. En total, 9 de 36 encuentran en esta condición.
En cuanto a los ministros en funciones investigados, el caso más reciente es el del titular del Ministerio de Justicia, Eduardo Arana Ysa. Tras su nombramiento, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos abrió una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico tras la difusión de un audio con el exjuez Walter Ríos vinculado al caso ‘Cuellos Blancos’.
PUEDES VER: Digna Calle: “Me han puesto la cruz porque les quité las gollerías a mis colegas congresistas”
Los otros tres ministros en actividad investigados son Alberto Otárola (PCM), Vicente Romero (Interior) y Jorge Chávez Cresta (Defensa), todos ellos vinculados a la investigación por los fallecidos durante las protestas ciudadanas tras la vacancia de Pedro Castillo y la asunción al mando de Dina Boluarte. Para este caso, la Fiscalía tiene como principal indagada a la jefa de Estado, a quien se le atribuye —de acuerdo a la tipificación fiscal— el presunto delito de genocidio.
En el caso de Vicente Romero, la Fiscalía inició pesquisas contra el actual ministro del Interior por la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca, quien falleció durante las movilizaciones en Lima. También por el caso de los fallecidos en protestas, el Ministerio Público pasó de calidad de testigo a investigado al titular del Mindef, Jorge Chávez Cresta.
Los exministros de Boluarte investigados
El último 9 de septiembre, el Ministerio Público amplió por 45 días el plazo de las investigaciones preliminares que se realizan por las muertes ocurridas en las protestas que rechazaban el Gobierno de Boluarte en diciembre del 2022 y enero de este año. La presidenta enfrenta cargos de asesinato, lesiones y genocidio desde enero. Varios de sus ministros y exministros están involucrados en la indagación.
PUEDES VER: ¿Qué es el 'plan Bukele' y por qué no se podría aplicar en Perú? Especialistas responden
Por este caso, los exministros Pedro Angulo Arana (PCM), Víctor Rojas Herrera (interior) y César Cervantes (Interior) se encuentran también en condición de investigado. Se indaga sobre las muertes en Andahuaylas, Arequipa, Junín, La Libertad, Ayacucho, Cusco, Puno y Lima.
Finalmente, los exministros Antonio Varela Bohórquez (Trabajo) y Alfonso Adrianzén (Trabajo) también son investigados por la Fiscalía. El primero por el presunto plagio de su tesis doctoral. De acuerdo a un informe de ‘Panorama’, el programa Turnitin arrojó como resultado que el 54% del trabajo académico del exfuncionario tenía similitudes a otros textos no citados. En el caso del segundo, por el escándalo del pago de S/41 millones, en EsSalud, a la empresa Aiona Technology Corporation SAC. Debido a una presunta irregularidad, se le atribuye el delito de negociación incompatible.
