Alberto Otárola y ministro de Justicia en discrepancias por el informe de la CIDH, según H13
Presidenta Dina Boluarte le habría llamado la atención a Daniel Maurate por su posición respecto a la muerte de Víctor Santisteban. Salida del ministro no es evaluada debido a su cercanía con el hermano de la mandataria, según el semanario.
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El último miércoles 3 de mayo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, se pronunció respecto al asesinato de Víctor Santisteban Yacsavilca, hecho que consideró como una "aparente violación a los derechos humanos". Estas declaraciones parecen haber sido del desagrado del Ejecutivo, pues inicialmente el primer ministro Alberto Otárola señaló que Maurate debía corregir sus declaraciones. Pero la rectificación por parte del titular de Justicia nunca llegó. Esto dio pie a una serie de disconformidades en el Gobierno de Dina Boluarte que fueron expuestos este viernes en el semanario Hildebrandt en sus trece.
En la publicación de este caso se precisa que fuentes de Presidencia informaron que "el ministro de Justicia, Daniel Maurate, tuvo problemas para hacerle entender a Otárola la necesidad de acatar las recomendaciones de la CIDH", quien mostró su disconformidad hacia lo señalado por el informe emitido el último miércoles.
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Pero las discordancias no concluyeron ahí, pues, ante la renuencia de Maurate sobre su postura respecto al caso de Santisteban Yacsavilca, "la presidenta Boluarte tuvo que llamarle la atención en privado". Sin embargo, el semanario precisa que este hecho no llegó a mayores debido a la relación de Maurate con Nicanor Boluarte.
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"No lo destituyó, ya que Daniel Maurate es un gran amigo de su hermano mayor, Nicanor Boluarte. Este último fue su viceministro cuando Maurate estuvo al frente del Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo durante el Gobierno de Ollanta Humala", se precisa en el informe.
Incomodidad hacia la CIDH por el informe
Asimismo, según lo aseverado por el semanario, "el premier y la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, llegaron a señalar, durante el Consejo de Ministros de la semana pasada, que el informe final de la CIDH 'no es vinculante'", a fin de minimizar el impacto de los hechos advertidos por el organismo internacional. Así lo dieron a conocer en la conferencia de prensa del último miércoles, cuando criticaron las recomendaciones.
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