Sentencia. Correspondientes a los años de 1997 al 2000. Corte Interamericana dice que eso afecta la plena restitución en la administración y la propiedad de Canal 2. César Romero. Por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el empresario peruano nacido en Israel, Baruch Ivcher, y Canal 2 de TV, no pagarán los más de 50 millones de soles en impuestos que la Sunat les cobraba del periodo 1997 al 2000. La Corte estableció, en una resolución emitida el 29 de noviembre, pero recién hecha pública en su página web, que dicho cobro afectaba la restitución total del derecho de propiedad sobre dicha televisora. En este sentido, se ordenó al Perú “abstenerse de cobrar aquellos tributos, multas y/o intereses moratorios generados durante la administración ilegal de (Canal 2) entre el 1 de agosto de 1997 y el 6 de diciembre de 2000, con el propósito de garantizar que el derecho patrimonial del señor Ivcher sobre dicho capital no se vea afectado por deudas tributarias generadas por actos ilícitos del propio Estado. Entre el 2005 al 2007, Ivcher promovió una serie de acciones de amparo para evitar dicho pago, pero el Poder Judicial y, en definitiva, el Tribunal Constitucional, le dijeron no, por lo que acudió ante la Corte Interamericana quien le ha dado la razón. El Perú no habría tenido defensa en este tema ante la Corte, luego de que en marzo del 2008 el gobierno despidió al procurador Luis Alberto Salgado por insistir en que Ivcher pague sus impuestos. Además, Salgado pretendió volver a investigar la legalidad de la naturalización del mencionado empresario, lo que la Corte Interamericana considera un tema cerrado, que no se puede volver a revisar. En contraparte, durante este periodo, Ivcher logró contar en su defensa con la activa participación del abogado chileno y ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Claudio Grosmmann. La decisión de la Corte Interamericana es inapelable. Compensación 2005. Baruch Ivcher logró que el Estado peruano le pague más de 20 millones de soles en compensación por el despojo de su nacionalidad peruana y la administración de Canal 2.