Caso Manchay: Fuero militar investiga a policías solo por exceso de mando y no por homicidio

Con la apertura de un proceso por "desobediencia y exceso en el ejercicio del mando", el fuero militar comenzó a investigar la muerte del menor de iniciales E.J.C.B. en la comisaría de Manchay, a diferencia de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, que desde que se registró el hecho ha investigado a los policías responsables bajo el presunto delito de homicidio.

El inicio de estas diligencias castrenses, amparadas en la Ley 32735 promovida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, quedó registrado en una notificación formal de la Fiscalía Militar Policial N° 06 del Centro. En el documento, la instancia militar citó al padre del adolescente, Javier Orlandini Cubas Silva, para rendir su declaración testimonial.

Los hechos se remontan al 14 de junio, cuando el adolescente falleció tras ser detenido por una denuncia de robo en la comisaría de Manchay.

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La necropsia estableció como causa de muerte asfixia por ahorcamiento, un hecho que la Policía calificó como un posible suicidio. Sin embargo, el padre del menor rechazó esa versión y denunció que el cuerpo de su hijo tenía marcas de golpes, además de señalar que los agentes le pidieron dinero a cambio de liberarlo.

Ante el avance de la vía militar sobre este caso, el abogado y secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Germán Vargas, advirtió en diálogo con La República sobre las consecuencias del cruce de competencias bajo la Ley 32735, norma que prioriza al fuero militar para juzgar a policías y militares involucrados en hechos ocurridos durante operativos, patrullajes o estados de emergencia—. Según explicó el especialista, la vía castrense busca retirar el expediente de la fiscalía ordinaria.

"En principio no se pueden seguir dos investigaciones paralelas en fueros distintos sobre los mismos hechos. Esta otra investigación, que se hace sobre la base de esta 'Ley Rospigliosi', lo que puede provocar es que, abocándose a esta investigación, demanden o soliciten que la Fiscalía de Derechos Humanos entregue todo lo actuado".

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Asimismo, Vargas sostuvo que esta tipificación aleja el caso del ámbito correspondiente y precisó que "el fuero militar policial solo puede investigar delitos de función" entonces, al aplicar esta norma, "se estaría sustrayendo a un presunto homicida para ser investigado por delitos que pueden ser considerados de función".

En ese sentido, el representante de la CNDDHH cuestionó la recalificación realizada por la autoridad militar, señalando que reducir los cargos resta gravedad a lo sucedido en la sede policial.

"Investigar solamente por “exceso en ejercicio del mando y desobediencia” en agravio del Estado y de la Policía Nacional es un disparate jurídico. Lo que se está haciendo es minimizar la gravedad de un hecho producido en una comisaría y que tiene todos los visos, todas las características de ser un homicidio".

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Vargas también lamentó el impacto de este proceso en la familia del menor, además de advertir sobre las presiones que enfrentan los jueces y fiscales del caso.

"Si es que la Fiscalía no entrega la investigación, lo que podría haber es un conflicto de competencia entre ambas jurisdicciones, y quien define en ese escenario es la Corte Suprema, lo que toma tiempo y significa un entorpecimiento de la acción de la justicia ordinaria".

Sobre la situación de los deudos, el especialista indicó que "son procesos que revictimizan, son iniciativas indolentes que no se detienen a considerar la afectación de las familias. Son procesos muy frustrantes y dolorosos que hacen perder la confianza en la administración de justicia".

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A este panorama, añadió la presión política ejercida sobre el sistema judicial y denunció que "hay una constante amenaza contra jueces y fiscales de parte del propio Fernando Rospigliosi". Según explicó Vargas, el legislador suele recordarles a las autoridades de la vía ordinaria que "hay investigaciones abiertas contra algunos jueces e incluso sancionados", lo que genera "una situación que atemoriza a cualquier fiscal o juez".

Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque (Ahora Nación) criticó, por medio de sus redes oficiales, la falta de medidas disciplinarias inmediatas contra los efectivos involucrados y cuestionó la pasividad institucional ante un hecho de extrema gravedad.

"Un adolescente fue torturado y luego ejecutado en la comisaría de Manchay. Su familia enfrenta una injusticia constante. ¿Por qué no se garantiza una investigación objetiva? ¿Por qué los policías implicados no han sido retirados en un caso tan grave?", se lee.

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Asimismo, la legisladora sostuvo que el Ministerio Público debería llevar el caso para evitar sesgos en la investigación. "Cuando quienes deben investigar pertenecen a la misma institución involucrada, la imparcialidad debe ser una garantía. (…) por qué la Fiscalía no asume el liderazgo de la investigación que garantice independencia y evite espíritu de cuerpo".

Respecto al marco normativo que ampara las acciones de la justicia castrense, Luque manifestó la urgencia de anular la Ley 32735 en la Cámara de Diputados.

"La Ley Rospigliosi debe ser derogada, pues termina protegiendo la impunidad de quienes abusan de su poder. Hoy existen cinco proyectos de ley que plantean su derogatoria: PL 059-2026, PL 026-2026, PL 023-2026, PL 018-2026 y PL 004-2026. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados debería priorizar su dictamen".