RMP sobre inseguridad ciudadana en el país: No se soluciona con tanques ni soldados, sino con inteligencia policial
Rosa María Palacios critica la ineficacia del gobierno en la lucha contra la violencia durante el estado de emergencia, después del asesinato de un docente en un colegio de Ate.
La conductora de Sin Guion, Rosa María Palacios, en su programa del martes 15 de octubre se refirió a la creciente ola de inseguridad en Perú, en la que criticó la falta de estrategias efectivas del gobierno para combatir la inseguridad ciudadana que ya alcanza niveles alarmantes en el país tras la tragedia reciente en un colegio de Ate, donde un profesor fue asesinado frente a sus alumnos.
Este terrible hecho ha desencadenado un fuerte debate y ha sacado de nuevo a flote las medidas de seguridad ciudadana. Según Palacios, las acciones del gobierno, centradas en la implementación de estados de emergencia y la militarización, son insuficientes y no abordan las raíces del problema.
"El Perú ya ha tenido ola de secuestros ya ha tenido ola de asaltos a bancos ya hemos tenido terrorismo todo eso se venció con inteligencia policial con inteligencia policial recursos personal capacitación voluntad política no con un tanque ni con un soldado con inteligencia policial con eso se vence una ola criminal como la que tenemos en este momento y con un marco normativo que acompañe ese esfuerzo"
El incidente ha expuesto la vulnerabilidad de los espacios considerados seguros, como los colegios, donde ahora el crimen organizado ha extendido sus tentáculos. Además, la situación se ve agravada por un Congreso que, en lugar de fortalecer el marco legal contra la criminalidad organizada, parece diluir las responsabilidades y protecciones contra este tipo de delitos.
La frustración de Palacios se hizo evidente cuando criticó la inacción frente a reformas cruciales que podrían permitir una persecución efectiva del crimen. “No podemos derrotar al criminal sin un Estado de derecho robusto,” declaró, haciendo un llamado a la necesidad de una reforma profunda que involucre mejor capacitación, recursos para la policía y una fiscalización más fuerte.
A medida que se acercan las elecciones, el discurso sobre la seguridad se intensifica, pero las acciones concretas parecen diluirse en el mar de la retórica política. Con cada incidente violento, la demanda pública por soluciones reales y efectivas crece, mientras que la confianza en las autoridades continúa erosionándose.
Mientras tanto, el gobierno y el Congreso parecen más concentrados en maniobras electorales que en resolver la inseguridad que afecta a todos los peruanos. Según Palacios, es imperativo que las autoridades atiendan y actúen con medidas que realmente protejan a los ciudadanos y no solo se enfoquen en estrategias de corto plazo que han demostrado ser ineficaces.
Jorge Montoya impulsa una nueva ley de amnistísa a favor de las Fuerzas Armadas
Ante las sanciones a algunos miembros de las Fuerzas Armadas por crímenes que cometieron a fines del siglo pasado, el congresista y almirante Jorge Montoya decidió impulsar una nueva propuesta de una nueva ley de amnistía para delitos cometidos por militares, policías y funcionarios del Estado durante los años 1980 al 2000.
La ley propuesta busca otorgar amnistía a aquellos acusados de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos, torturas y esterilizaciones forzadas. Según sus promotores, el objetivo es cerrar capítulos de conflictos pasados y permitir que el país avance hacia la unidad. Sin embargo, RMP argumenta que tal medida es inaceptable y representa un claro retroceso en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos en el país.
Según Palacios, esta ley no solo iría en contra de las obligaciones internacionales de Perú, particularmente los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han prohibido las amnistías para crímenes de lesa humanidad, sino que también enviaría un mensaje muy negativo a la sociedad sobre la tolerancia del Estado hacia las violaciones graves de derechos humanos.
Ella enfatizó que la ley de amnistía podría sabotear décadas de esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho y garantizar justicia para las víctimas de violencia y abusos durante los años de conflicto.
