Nicolás Zevallos: “No es coincidencia que, a los meses de que dieran su ley, aumente la victimización por extorsiones”

El criminólogo y exviceministro del Seguridad (Interior) Nicolás Zevallos advierte de los perjuicios del Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte frente a la problemática de la inseguridad ciudadana, el transporte, la gestión ambiental y la inestabilidad política. Señala que las normas que están dando golpean concretamente a la población.

—Hay paros por la extorsión. ¿Cómo creció el fenómeno acá?

—No es nuevo, ya se veía a transportistas extorsionados hace 10 años en Trujillo. Se transformó por el aumento de violencia de las bandas por mayor competencia. Son grupos más pequeños, atomizados, de eslabones concretos de la cadena de extorsión y actos predatorios. No son grandes redes finales como ‘Tren de Aragua’, sino que operan a partir de núcleos criminales locales muy pequeños.

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—¿Cómo afronta el Estado?

—Con recetas que no funcionan. No lo hacen para una anterior dinámica más estructurada y menos ahora ante un enemigo tan fragmentario, disperso y violento. Se expandió y se volvió mucho más difícil de capturar.

—¿Son medidas populistas?

—Han decaído en populismo: aumento de pena, estado de emergencia, el debate semántico de terrorismo urbano o crimen sistemático. Se evidencia una mirada muy populista y, más preocupante, ausencia de ideas claras y técnicas de cómo responder de manera eficaz.

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—¿Por qué es recurrente caer en estados de emergencia?

—Hay dos líneas. Una más conspirativa dice que hay nexos entre esas redes criminales y los intereses políticos que terminan dándoles soporte y apoyo directo o indirecto. Los cambios al tipo penal de crimen organizado, a la colaboración eficaz, a la ley antiforestal, al uso de explosivos de parte de mineros informales y otras normas que han ido relajando, desde el Congreso, han beneficiado los intereses a ilegales e informales. Además, hay poca disposición a entender el problema en profundidad, que estamos ante un fenómeno muy diferente a lo que muchos piensan: no son grandes estructuras, sino como paraguas que operan con actores locales muy fragmentarios e inmediatos.

—Se demanda mano dura, con referencia a El Salvador y, en campañas electorales, a cómo se enfrentó el terrorismo acá. ¿Es una dirección correcta?

—No. No hay evidencia de que la mano dura resulte a largo plazo y menos con populismo. Sobre Bukele, aun los más fanáticos, obvian todo el aparato que desplegó: modernizar policía, limpiarla, coordinar policía, Fiscalía y Poder Judicial, mucho énfasis a la persecución de la economía criminal. Hay todo un entramado de respuestas que, se esté o no de acuerdo, va mucho más allá de subir penas, detener y hacer cárceles. Sobre el terrorismo, acá se pudo atacar con equipos especializados de la policía, labor en Fiscalía, inteligencia, investigación en profundidad. Medidas populistas y de mano dura fueron más complejas como tribunales sin rostro y otras que cruzaron a la violación de derechos humanos.

—Apunta acciones del Congreso en perjuicio a la población. ¿Es ratificación de que las mafias llegaron al Parlamento?

—Preocupa la influencia que economías ilegales e informales pueden tener sobre la política y un espacio codiciado es el Congreso porque puede relajar la persecución y control. Estamos ante evidencia clara de que esa desregulación existe y tiene consecuencias efectivas. No es coincidencia que, a los meses de aprobar su ley, hay enorme explosión de victimización por extorsión.

—El Parlamento defiende su ley del crimen organizado e inicialmente los dirigentes del transporte no resaltaron su efecto. ¿Cómo ve la reacción?

—Nunca había visto a tantos parlamentarios preocupados por el debido proceso en el caso de delincuentes. Ha sido recurrente en muchos parlamentarios decir que hubo abuso de la prisión preventiva y demás herramientas y mecanismos que permiten luchar contra el crimen organizado, como la extorsión. Entonces, quienes supuestamente proponen mano dura son los más preocupados por el debido proceso de un extorsionador. Además, hay un gran error de cálculo político en función de intereses particulares porque la reacción no está en sectores políticos tradicionales, no hay una agenda ideológica o tienda política detrás de los transportistas, o los gremios de Gamarra, es la izquierda radical. Se genera en una enorme masa de ciudadanos, trabajadores, emprendedores un sentimiento de rechazo y cuestionamiento que no tiene tinte político, sino un tinte básico de seguridad y convivencia pacífica. Es un embalse totalmente distinto en un país. No entienden el error que nos están cometiendo al no escuchar este consenso contra esa norma de crimen organizado.

—Su propuesta ha sido la figura de terrorismo urbano...

—Y un debate penoso de subir y bajar penas, cambiarle de nombre, sujetos sin claridad de adonde ir. Es evidencia de que la reacción ciudadana puede traer preocupación en el Parlamento. Hay desconocimiento de cómo va a escalar.

—¿Cómo cree que escale?

—Esto no se parece a casi nada que hemos visto antes. En el caso de la ley Pulpín, hubo un sector más político. En el de Manuel Merino también. En este caso, como oposición a la ley están Confiep, CGTP, la Iglesia, Gamarra, el Colegio de Abogados de Lima. Nunca hemos tenido una mesa tan variopinta oponiéndose a una norma. La reacción no es necesariamente partidaria, sino de un sentido esencial de supervivencia: nos están matando. El error político es que la etiqueta procrimen ya está con varios del Congreso.

—¿El concepto de terrorismo urbano funcionó alguna vez?

—No hay evidencia alguna. En el proyecto de ley, hay una mala traducción del Patriot Act estadounidense pensado en terrorismo doméstico post-9/11. Es terrorismo político ideológico no es crimen organizado. Es un punto de partida en la definición en absoluto error. Además, ante el dictamen, el Ministerio Público, Ministerio de Justicia, defensor del Pueblo; todos dicen que es ineficaz. Hasta al premier se le escapó decir que era básicamente disuasiva. No se podría decir que el alcalde Francis Allison (Magdalena) es progresista o caviar, y te dice: “Esto es un engañamuchachos”.

—Además de este Congreso, el Ejecutivo está en su defensa de los cuestionamientos de corrupción. ¿A dónde nos lleva?

—El Ejecutivo depende de la voluntad del Congreso. Eso basta para entender por qué le dejan hacer tanto. Muchas veces, medidas parlamentarias benefician intereses del Ejecutivo, pero el principal elemento es esa dependencia del Gobierno.

—¿Qué puede hacer la ciudadanía ante esta situación?

—Hacer presión pública, estar muy cerca en torno a denunciar hechos de corrupción, violencia. Hay necesidad grande de que la ciudadanía se mantenga activa haciendo ejercicio de sus derechos y exigiendo que haya una respuesta efectiva. Si se baja la guardia, es campo libre para las actividades criminales.