Las dudosas credenciales de los presidentes de comisiones

La revisión de los antecedentes de quienes ocuparán las presidencias de las comisiones ordinarias del Congreso revela que son personas que han sido denunciadas en los medios de comunicación (por ejemplo, por recortes de sueldos), o que son parte de investigaciones en curso, o que han sido sentenciadas por delitos o que son los responsables de impulsar proyectos de ley que atentan contra la libertad de prensa, benefician al transporte inseguro e informal y, según expertos, le abren la puerta de la impunidad a violadores de derechos humanos.

La selección que se presenta en esta infografía expone algunos casos. Se puede añadir a Ediht Julón (Alianza Para el Progreso), de la Comisión de Trabajo. En octubre de 2023 la Procuraduría General del Estado solicitó el inicio de diligencias preliminares por el presunto delito de omisión al no consignar en su hoja de vida que Elder Fernández, quien fue alcalde del distrito de Querocoto, sería padre de sus hijos.

Si se mira a los demás cargos de las mesas directivas el panorama no cambia. En la Comisión de Relaciones Exteriores figura como secretario Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza Para el Progreso). En enero se le escucharon comentarios sexistas sobre su colega , Patricia Juárez (Fuerza Popular). La Comisión de Ética ha pedido que se le suspenda por 120 días. Todavía no se vota el informe.

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Recorte de sueldos

Y en la muy importante Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, el vicepresidente es José Arriola (Podemos Perú).
El lunes, el Ministerio Público informó que, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, se presentó una denuncia constitucional en su contra por la presunta comisión de delito de concusión en agravio del Estado.

Los hechos que se le imputan, de acuerdo con la Fiscalía, se relacionan con el recorte de remuneraciones de siete trabajadores de su despacho a quienes exigía la entrega de donativos para ser llevados a ollas comunes y organizaciones del vaso de leche, bajo la amenaza de ser despedidos si se oponían.

No solo eso. Siempre según la Fiscalía, desde diciembre de 2021 les solicitó entregas de dinero por el 10% de sus haberes y el 15% de sus bonificaciones extraordinarias, haciéndoles suscribir documentos con el título de “Declaración Jurada de Donación Voluntaria”.

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