Dina Boluarte: ¿cuál es su situación legal tras denuncia ante Corte Penal Internacional y ser investigada por genocidio?
Expertos advierten que presidenta Boluarte deberá responder en los fueros judiciales y a nivel supranacional por los más de 50 fallecidos desde el inicio de las manifestaciones.
El poder que reviste la presidencia de la República a Dina Boluarte es finito y encontraría sus límites en el ámbito judicial. Por lo pronto, la jefa de Estado ya fue denunciada por un grupo de abogados de Arequipa ante la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de genocidio y lesa humanidad durante las protestas en regiones y a nivel nacional. El Ministerio Público abrió —el último 11 de enero del 2023—una carpeta fiscal contra la mandataria por genocidio, quien se ha ratificado en sus políticas de gobierno, gestión de la crisis y en su postura de no renunciar al cargo al que accedió por sucesión constitucional.
Primero, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente donde se acude para denunciar crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Este cuenta con sede en La Haya, Holanda. Su misión es sancionar a quienes vulneren la vida de otros seres humanos y se reparen las víctimas.
De acuerdo a la denuncia realizada por los abogados, las autoridades lideradas por la presidenta Dina Boluarte “vienen ordenando y ejecutando una política sistemática de represión desbordada en contra de la población civil, generando un contexto en el cual se ha producido la muerte de más de medio centenar de personas y miles de heridos”. Todo esto consentido, señalan, en un marco de estado de emergencia dictado desde el Poder Ejecutivo.
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Al respecto, el abogado penalista Mario Amoretti señaló que efectivamente la Corte Penal Internacional sí puede emitir fallos vinculantes al sistema judicial peruano al tratarse de delitos de lesa humanidad, pero adelantó que habría un error en la tipificación penal del delito por el que se pretende denunciar a Dina Boluarte, ya que lo actuado —hasta el momento— por el Gobierno no encajaría dentro de la figura de genocidio.
“Estos hechos no se encuadran en el Código Penal en el delito de genocidio, puesto que esto significa una matanza a un grupo religioso, de determinada etnia. Se ha producido 50 muertes, pero no encaja dentro de la figura de genocidio. Yo no puedo tomar el título de un hecho delictivo y decir esto es genocidio, no encaja”, comentó a La República.
En tanto, Mirtha Vásquez, expresidente del Consejo de Ministros, analizó —en entrevista con La República— cuál podría ser el futuro legal de Dina Boluarte. A su entender, ella deberá, tras dejar su cargo, ser llevada a instancias supranacionales para que responda por sus “infames” decisiones adoptadas desde el Gobierno, los cuales ya habrían “sobrepasado límites que no se han visto a nivel internacional”.
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“Esto da como para llevarlo a instancias supranacionales, acá en el Perú seguro ella quedará con alguna gente que son sus aliados y que intentarán blindarla hasta donde puedan, pero este es un hecho que ya no puede escapar de ser cotejado en la justicia internacional y sus estándares”, comentó para este medio.
Situación de Dina Boluarte en el sistema judicial peruano
El último 11 de enero, la Fiscalía de la Nación anunció la apertura de una carpeta fiscal, en el marco de una investigación preliminar, contra la presidenta Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. En aquel momento la cifra de fallecidos era de 57, actualmente se sitúa —según cifras oficiales— en 53 decesos.
“La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta de la República, Dina Boluarte; presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez”, así se anunció vía Twitter el inicio de la indagación fiscal.
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En entrevista con La República, el abogado penalista Andy Carrión advirtió que Dina Boluarte podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión tras dejar la presidencia. Se le podría denunciar por homicidio calificado por omisión: “60 muertos en el transcurso de la protesta, desde que se iniciaron. En ningún Estado normal de derecho puede uno permitirse tener tantos muertos. Eso ya es violar los derechos fundamentales de las personas y de un grupo social”.
Por otro lado, a la tesis de Mario Amoretti de que la figura de genocidio no encaja en los presuntos delitos cometidos durante estas manifestaciones se suma lo postulado por Andy Carrión, quien señala que es una tipificación incorrecta dado que Boluarte no habría “dado la orden de eliminar a un grupo social, racional, ni mucho menos”. Amoretti advierte que en este tipo de casos las denuncias suelen ser por homicidio calificado y lesiones graves, con penas de entre 20 a 25 años.
Finalmente, sí podría ser juzgada por otros delitos una vez deje la presidencia de la República, ya que al contar con el beneficio del antejuicio político no podría ser denunciada por la Fiscalía mientras se mantenga en el cargo: “Ella sí va a tener que responder por el delito de homicidio calificado y no porque ella haya ido a matar, porque todos se defienden así. Homicidio calificado por omisión y yo creo que ella va a terminar teniendo penas tan altas para este delito, las cuales van entre los 15 y 20 años”.
