Héctor Árias juró como congresista en reemplazo de Edgar Alarcón
El nuevo parlamentario se comprometió a “cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes”.
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El nuevo congresista de la bancada de Unión por el Perú (UPP), Héctor Jesús Arias Cáceres, juró la mañana de este jueves 13 de mayo como parlamentario en reemplazo del suspendido Edgar Alarcón, a quien se le investiga por enriquecimiento ilícito.
Durante la sesión del Pleno del Congreso, presidida por la presidenta del Legislativo Mirtha Vásquez y los vicepresidentes Luis Roel y Matilde Fernández, se tomó el juramento de Arias Cáceres, quien se comprometió a “cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes”.
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Asimismo, el nuevo parlamentario que ocupará el cargo mientras dure la suspensión de Edgar Alarcón juró “por la salud de todos los peruanos, por Arequipa y por una nueva Constitución”.
Antecedentes de Héctor Árias
De acuerdo con la hoja de vida registrada en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Héctor Árias tiene una sentencia por el delito contra la seguridad pública que data de 1997, con un fallo de pena privativa de la libertad suspendida.
Además, cuenta con una segunda sentencia del 23 de diciembre del 2004, por el delito de homicidio culposo, cuyo fallo fue una vez más la pena privativa de la libertad suspendida.
Pleno suspende a Edgar Alarcón de sus funciones como congresista
El pasado viernes 16 de abril, el Pleno del Congreso de la República decidió suspender a Edgar Alarcón Tejada de sus funciones y derechos como congresista de Unión por el Perú (UPP) en tanto dure su proceso penal en la Fiscalía.
Con 60 votos a favor, 14 abstenciones y cero en contra, se acordó que el parlamentario no ejerza sus funciones como representante del Palacio Legislativo tras aprobar la acusación constitucional 371 por antejuicio político.
En efecto, a Edgar Alarcón se le investiga por ser el presunto autor del delito contra la administración pública y enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal en agravio del Estado peruano.
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