Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en la mira del Congreso

María Elena Castillo

Alerta. Ávalos dice que se ha abierto muchos frentes por presentar 19 denuncias constitucionales, entre ellas contra Alarcón. Foto: difusión
Alerta. Ávalos dice que se ha abierto muchos frentes por presentar 19 denuncias constitucionales, entre ellas contra Alarcón. Foto: difusión

Artimañas. Bancadas golpistas la citan a la Comisión de Justicia bajo amenaza de denunciarla constitucionalmente. Si la suspenden, el MP podría caer en manos de investigado por Cuellos Blancos.

Parece que las bancadas que vacaron al expresidente Martín Vizcarra tienen los ojos puestos sobre la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Si la suspenden, un magistrado investigado por sus vínculos con la red “Los Cuellos Blancos del Puerto” podría recibir en bandeja al Ministerio Público.

Esto porque la Junta de Fiscales Supremos, entre cuyos integrantes se elige al titular de la Fiscalía de la Nación, actualmente tiene solo tres miembros: la doctora Ávalos y los magistrados Pablo Sánchez, quien ya ocupó el cargo, y Víctor Rodríguez Monteza, investigado por presuntamente avisar al expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos de que estaban siendo grabados.

La propia titular del Ministerio Público advirtió el lunes en entrevista con este diario que un sector de la mafia está incómoda con ella por haber presentado 19 denuncias constitucionales contra altos funcionarios y empresarios como, por ejemplo, el congresista Edgar Alarcón, quien registra un balance irregular de su paso por la Contraloría.

Esta alerta comenzó a hacerse realidad el miércoles en la Comisión de Justicia del Parlamento. Bajo el pretexto de que la fiscal de la Nación no asistió dos veces a un citación, la mayoría de este grupo de trabajo reprogramó la convocatoria, pero bajo apremio, amenazando con denunciarla constitucionalmente si el martes no acudía a responder sobre las acciones que tomó tras revelarse la reunión entre las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez con el expresidente Vizcarra en el 2018.

La propuesta fue del congresista fujimorista Carlos Mesía y contó con el respaldo de legisladores de AP, APP, Somos Perú, entre otros que apoyaron la vacancia de Vizcarra.

La congresista Rocío Silva Santisteban cuestionó esta decisión. Reveló, incluso, que consultó con el secretario técnico si ello procedía, pero le indicó que al no ser una comisión investigadora, no podía citar bajo apremio. Tampoco le hicieron por caso e indicaron que no era un apremio de tipo judicial.

Señaló que en un sector del Congreso parece haber una animadversión contra Ávalos, y fácilmente podrían acusarla constitucionalmente. Sin embargo, el mecanismo sería tan largo que podría llegar al siguiente Parlamento.

El ex defensor del Pueblo Walter Albán confirmó que una comisión regular no puede citar a la fiscal de la Nación bajo apremio.

Sostuvo que este Congreso está deslegitimado, donde el caso del señor Alarcón lleva más de siete meses sin llegar a la Comisión Permanente.

Suspensión

El abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), explicó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) puede suspender y destituir a la titular del Ministerio Público, entre otros altos funcionarios.

Detalló que, además, el Legislativo podría abrirle una investigación, un juicio político o quitarle la inmunidad, y también podría suspenderla en el ejercicio de sus funciones. Pero todo ello pasando por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a la Comisión Permanente y luego al pleno.

Ayer, el congresista Ricardo Burga logró el respaldo de 76 legisladores para que debatan en el pleno una moción de orden del día de extrañeza por las acciones de la fiscal de la Nación. Al cierre de esta edición, no se había discutido.

Reacciones

Rocío Silva Santisteban, congresista FA

“Están banalizando una acusación constitucional. Yo creo que la fiscal de la Nación debe ir para rendir cuentas a la ciudadanía, pero no se le puede acusar constitucionalmente por no ir tres veces a una citación”.

Ricardo Burga, congresista AP

“Esto no tiene consecuencias jurídicas. Es una posición política que se le ha puesto a consideración del Pleno. Se señala que el fiscal debe cumplir con buenas conductas y dignidad para la función”.

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