Congreso aprueba acusar constitucionalmente a exmiembros del CNM
Por mayoría, el Pleno del Parlamento admitió las acusaciones constitucionales contra Julio Gutiérrez, Guido Aguila y Orlando Velásquez. Caso de Iván Noguera quedó en suspenso.
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Este viernes 12 de febrero, el Pleno del Congreso aprobó las acusaciones constitucionales contra Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Guido Aguila Grados y Orlando Velásquez Benites. El caso de Iván Noguera Ramos quedó en suspenso, ya que no se presentó a ejercer su defensa.
Ahora, los procesos penales contra los exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) podrán ser avanzados por la Fiscalía de la Nación, que podría pedir nuevas medidas de coerción.
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Previamente, también se admitió la acusación contra el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi.
Imputaciones contra Hinostroza y ex CNM
A los cinco letrados se los acusó por la presunta comisión de organización criminal. Sumado a ello, a Hinostroza Pariachi también por patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias. Y a Noguera por cohecho pasivo específico; y Gutiérrez por patrocinio ilegal.
Previamente, la subcomisión acusadora, conformada por los congresistas Cristina Retamozo (Frepap) y Otto Guibovich (Acción Popular), se encargaron de sustentar la acusación contra los exmagistrados ante el Pleno.
Votación a favor por mayoría
Los votos para acusar a los exconsejeros fueron a favor en su mayoría. Así se definió el proceso constitucional contra ellos:
- Julio Gutiérrez Pebe: 84 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
- Guido Aguila Grados: 83 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
- Orlando Velásquez Benites: 77 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
Denuncia data del 2018
El caso de los exfuncionarios del CNM lleva casi 3 años estancado en el Parlamento. La denuncia fue formulada por el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez, al mes de la difusión de los audios que mostraban la corrupción dentro del sistema judicial peruano.
No obstante, el tema no pudo ser resuelto y se evidenció un blindaje por parte de legisladores de la bancada Fuerza Popular. Tras la disolución del Congreso, el caso fue retomado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
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