El Informante: Fiscales en pugna, por Ricardo Uceda

27 Oct 2020 | 2:49 h
18 de septiembre. El presidente con su primer defensor ante el Congreso, Roberto Pereira, el día en que se votó el primer pedido de vacancia. Foto: Flavio Matos/La República
18 de septiembre. El presidente con su primer defensor ante el Congreso, Roberto Pereira, el día en que se votó el primer pedido de vacancia. Foto: Flavio Matos/La República

¿Quién será el próximo abogado de Martín Vizcarra? Dos fiscales eficaces se disputan el caso de los sobornos por las obras en Moquegua. Los límites de la investigación a un presidente en funciones.

Si la moción de vacancia presidencial fuera admitida, Martín Vizcarra deberá escoger a un abogado para que lo defienda en el Congreso. En el caso de los audios sobre Richard Swing, lo hizo Roberto Pereira, socio de Benites, Vargas & Ugaz. No es seguro que, de darse la necesidad, Pereira repita el plato. La imagen reputacional de la firma que lidera el exprocurador José Carlos Ugaz está disociada de personajes corruptos. El estudio tendría que apreciar algo muy distinto del común de observadores para suponer que Vizcarra no recibió, al menos en parte, los sobornos que le son atribuidos.

En el caso de que la moción no prosperara, Vizcarra igualmente necesitará un abogado. Según la Constitución él no puede ser procesado sino a partir del 28 de julio del 2021, pero debe preparar su estrategia con anticipación. Y prontamente, porque el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, desea tomarle una manifestación el próximo 3 de noviembre. Aunque una pugna en el Ministerio Público ha enturbiado el panorama.

Caso en disputa

Miembros del “Club de la Construcción” aseguraron haber coimeado a Vizcarra cuando era gobernador regional, para que les fuera adjudicada la irrigación Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua. Estas obras venían siendo investigadas por el subsistema anticorrupción del Ministerio Público, por denuncias antiguas, estancadas en lo tocante a Vizcarra. Ante un pedido de Juárez para hacerse del caso Lomas de Ilo, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, rechazó la ampliación de sus competencias, circunscritas a los procesos generados por Odebrecht. Ávalos precisó que las acusaciones recientes contra Vizcarra las verían fiscales anticorrupción.

Sin embargo, Juárez abrió una investigación preliminar por cohecho y colusión contra el exgobernador. A su vez, el fiscal anticorrupción Elmer Chirre decidió abocarse a los sobornos, para perseguir a quienes resultaran culpables. En resumen, hay dos fiscales para un mismo caso, aunque solo uno individualiza la responsabilidad en Vizcarra.

Los confidentes

Aún sin tener competencia sobre las obras de Moquegua, Juárez puede realizar diligencias para corroborar las versiones de sus confidentes. En el manejo de estas carpetas, la ley otorga autonomía al fiscal a cargo. Un aspecto extraño del trámite es que sus denunciantes esperan beneficios para el caso Club de la Construcción, donde no aportaron información relevante, además de los que obtendrían por esclarecer los delitos en Moquegua. Ellos, comprensiblemente, prefieren relacionarse con Juárez antes de que con cualquier otro fiscal. La ley exige una contribución sustantiva en cada carpeta donde se obtienen premios. Hay un margen de discrecionalidad porque los acuerdos quedan en secreto para siempre.

En el Ministerio Público no existe el principio del “fiscal natural”, como con los jueces. Las asignaciones se definen por criterios de organización y eficacia. Así pues, ¿qué equipo es el mejor para investigar a Vizcarra?

Quién investiga

Los expertos divergen. Considerando la división del trabajo, la investigación correspondería a la fiscalía especializada en corrupción de funcionarios de Elmer Chirre. Es la opinión, por ejemplo, del procurador anticorrupción, Amado Enco. Chirre, ajeno al vizcarrismo que tiñe a la fiscal de la Nación, es un investigador efectivo. Pero como los aspirantes a colaboradores declararon ante Germán Suárez, quien ya hizo camino al andar, el proceso estaría mejor en sus manos, como plantea la procuradora de Lava Jato, Silvana Carrión. Chirre espera el material en poder de Juárez, y se ignora si planteará una contienda de competencia, que resolvería un fiscal supremo.

Por otra parte, al investigar a Vizcarra, Juárez va más allá del criterio expresado por la fiscal de la Nación en un comunicado referido al caso de Richard Swing, el 9 de octubre. En ese momento, Ávalos dijo que el mandatario no podía ser sometido a ninguna diligencia investigativa mientras durara su mandato.

No está claro qué fiscal prevalecerá en la investigación de los sobornos: ¿Juárez? ¿Chirre? ¿Habrá un fiscal ad hoc? ¿Se investigarían las obras por un lado y los sobornos por otro? Está por verse hasta dónde podrá avanzar Juárez con sus diligencias, que incluyen la manifestación de Vizcarra, y el levantamiento de su secreto bancario, tributario y bursátil entre 2012 y 2014.

Segundo dilema

Aunque dijo que admitirá los requerimientos de cualquier fiscal, en los hechos Martín Vizcarra puede negarse a declarar ante Juárez, o incluso plantear un recurso legal para no ser citado ni sometido a ningún tipo de investigación sino hasta después de su mandato. Un juez probablemente le daría la razón.

Un constitucionalista crítico de Vizcarra, que representó la causa contra del cierre del Congreso, como Aníbal Quiroga, fue citado en la disposición de Zoraida Ávalos que defendió la inmunidad total del presidente en funciones, a propósito del caso Richard Swing. Quiroga, en efecto, tiene esa postura. En cambio Roberto Pereira, exabogado de Vizcarra, defendió, en 2006, cuando era adjunto constitucional de la Defensoría del Pueblo, un proyecto de ley para que el presidente, durante su mandato, pudiera ser investigado e incluso sentenciado por delitos ajenos a la función pública.

–Suscribo aún esa iniciativa –dice ahora Pereira–, pero como no se aprobó en su momento, va a prevalecer el criterio estándar de que no se puede acosar a un mandatario en funciones.

La suya era una propuesta “de desarrollo constitucional”. Tuvo detractores, incluso entre “progres” como Francisco Eguiguren, quien la consideró demasiado radical. Llegado el caso, entonces, quizá un juez podría darle la razón al planteamiento del fiscal Germán Juárez para iniciar la investigación a Martín Vizcarra de una buena vez.

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