Walter Gutiérrez: “Esta reforma, le aseguro, inexorablemente se va a declarar inconstitucional”

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se pronuncia sobre la reciente reforma constitucional llevada adelanta por el Congreso, la cual afectaría su inmunidad constitucional. Señala que quedará expuesto. “Lo que ha ocurrido, debilita. Seguramente habrá una retahíla de procesos”, aseguró.

¿Cree que el Congreso rectificará?

Bueno, no le podría hablar en función de lo que me gustaría, por eso exhortamos a que se desestime la reforma. Pero más allá de eso, no tengo mayor fundamento para pedir que se vaya en un sentido o en otro. Lo evidente es que los expertos están en contra de lo que se hizo, porque quiebra el equilibrio de poderes, porque transgrede las formas y el contenido mismo de la Constitución. Se ha debilitado la figura del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo y de la Presidencia.

¿Es una reforma o una contra-reforma?

Ese es un juego de expresiones. Está claro que no da para una reforma, no cumple con los requisitos de una reforma.

Explíqueme en qué afecta al trabajo de la Defensoría lo decidido por el Congreso.

La Defensoría del Pueblo (DP) no administra justicia ni ejecuta políticas públicas. Emite informes con recomendaciones, supervisiones y detrás de todos estos actos se encuentra la opinión de la institución. Lo que ha ocurrido debilita porque lo que habrá será una retahíla de procesos. La Defensoría se pronunció en contra de la ley de publicidad de los medios (la “ley Mulder”) y ha advertido sobre tales actuaciones de autoridades. La DP es un contrapoder que representa los derechos de los vulnerables. Si quitan esa garantía, el defensor va a estar más ocupado en defenderse él.

¿Lo decidido por el Congreso es inconstitucional?

Esto transgrede las costuras constitucionales. Afecta al Tribunal Constitucional porque no blinda a los magistrados por sus votos, lo que afecta su independencia. Además, viola los tratados internacionales. La independencia de los magistrados es una garantía constitucional.

La magistrada Marianella Ledesma dijo que evaluará acudir a la CIDH. ¿Piensa usted en algo similar?

Ya he conversando con defensores de la región y otras partes del globo y también he hablado con funcionarios de organismos internacionales. Han expresado su preocupación.

¿Pero acudiría a una entidad supranacional, por ejemplo?

Es que cada día con su afán. Hoy lo importante es evitar esa segunda votación apelando a una mayor reflexión y madurez del Congreso. Si eso no ocurre, se abre la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad o evaluar acudir a organismos internacionales. Nada impide que desde hoy algunos organismos internacionales se pronuncien, por cierto.

El presidente no puede observar una reforma constitucional. Si el Congreso llega a promulgarla, la DP quedará desprotegida mientras se presenta la acción de inconstitucionalidad y se resuelve.

Así es, no solo nosotros, sino el TC y la Presidencia. Por eso le digo que hay un quiebre del equilibrio de poderes.

¿Por qué cree que estamos viendo, de nuevo, un conflicto de poderes?

Mire, yo diría que tampoco debemos aceptar la narrativa de que hay un único responsable. Es cierto que el Congreso tiene serias irresponsabilidades, como no entender que son un poder constituido y no constituyente. Así se tuvieran todos los votos , no se pueden relativizar ni eliminar derechos fundamentales ni alterar el equilibro de poderes. Hay cláusulas que solo la pueden modificar un poder constituyente, y ellos no lo son. Eso lo debe entender cualquier congresista.

¿Y el Ejecutivo qué debe entender?

Que para gobernar hay que llegar a acuerdos. Hay un valor en el diálogo, un valor en el acuerdo. En vez de abocarse a un litigio de poderes, hay que abocarse a la lucha contra la pandemia: tenemos un enorme subregistro, más de 3 millones de parados. Esas son las tareas. Los ciudadanos ven que por un lado se disputan espacios de poder pero, por el otro, el país está en UCI. No hay un solo responsable. Ambos tienen responsabilidades. Por eso yo he pedido al presidente Vizcarra que se convoque a un Consejo de Estado para enfocarse en las verdaderas tareas (el Consejo de Estado fue convocado después de esta entrevista).

Aunque la decisión que usted cuestiona la tomó el Congreso, en uso de sus facultades. El problema, claro, es que no hubo mayor criterio detrás.

Evidentemente. Hay serios problemas, hay mucha impericia; sin embargo, tengo la expectativa de que al menos un sector de legisladores hará un esfuerzo por reconducir su conducta. Esta reforma, le aseguro, inexorablemente se va a declarar inconstitucional. Eso hará que el Congreso luzca más debilitado, y eso no es bueno. Le recuerdo que el TC ya se pronunció en el sentido de que se necesita un debate robusto, y eso no solo consiste en que los proyectos pasen por comisiones. Lo que se requiere es que la ciudadanía participe. Insisto, incluso así el Congreso se diera el trabajo de cumplir con todo el procedimiento, tuviera todos los votos, no puede restituir la esclavitud. Le pongo un ejemplo exagerado, pero el punto es ese: el poder Legislativo no es ilimitado.

¿El Congreso abusó de su poder?

Ha sido un abuso de poder. Ha sido un ejercicio arbitrario del poder por parte del Legislativo, y eso está proscrito. Eso lo ha dicho todo el mundo. Los actos arbitrarios, del Ejecutivo o del Legislativo o del Poder Judicial, están prohibidos. ¿Por qué cree que se cayó el indulto a Fujimori? Porque tiene que haber una fundamentación, no es porque se le ocurrió al presidente. El acto legislativo tiene límites, que tienen que ver con el equilibro de poderes.

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