Fiscal de la Nación sustentará proyecto para convertir en delitos el acaparamiento y especulación
Zoraida Ávalos fue convocada por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso para este lunes 25 de mayo con el fin de que explique su proyecto de ley que busca sancionar con cárcel a los que incurran en estas acciones, denunciadas con más frecuencia durante el estado de emergencia por el coronavirus.
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La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, fue convocada por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso para que sustente su proyecto de ley que propone sancionar penalmente el acaparamiento y especulación sobre bienes o servicios de necesidad urgente para la vida y salud de las personas.
La iniciativa legal será revisada y debatida en sesión virtual desde las 15.00 horas por los parlamentarios, luego de una semana que el Ministerio Público la presentó, el pasado 18 de mayo.
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La propuesta legal fue interpuesta en medio de las denuncias de la ciudadanía por los altos precios en las farmacias y boticas de los medicamentos requeridos en el tratamiento contra la pandemia del coronavirus, que hasta este sábado 24 de mayo, se registraron 3.373 fallecidos y 115.754 contagiados.
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Proyecto para sancionar acaparamiento y especulación
La iniciativa legal firmada por la titular del Ministerio Público propone prohibir diversas conductas comerciales orientadas al acaparamiento, dominación de la oferta de un producto provocando su escasez, y la especulación, la compra barata de productos y la venta a precios elevados, que atente contra la salud de las personas.
Estas acciones, señala, tienen la finalidad de obtener a los productores un indebido provecho económico y con el consecuente perjuicio de los consumidores, que en algunos casos puede afectar la vida de la ciudadanía.
En específico, el proyecto de ley plantea reincorporar en el Código Penal el delito de acaparamiento, que fue derogado. Para esta acción establece una pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis y con 185 a 360 días multa.
Respecto a la especulación, se propone modificar las especificaciones actuales debido a que resulta inoperativo. Para este ilícito se determina una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años y con 180 a 300 días multa.
El Gobierno ordenó que los medicamentos usados en el tratamiento contra el coronavirus sean calificados como esenciales, y que las farmacias y boticas deben continuar vendiendo las medicinas genéricas, no solo las comerciales.
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