Nakazaki: “El fiscal Carrasco solo tiene una prueba y esta es muy limitada”

Hoy el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo evaluará la solicitud que el defensor de Edwin Oviedo, César Nakazaki, presentó para que concluya la detención preventiva por 18 meses por su presunta relación con el asesinato de dos trabajadores de la azucarera Tumán.

¿Qué nuevos elementos presentará la defensa de Edwin Oviedo para insistir en su excarcelación?

Es la primera vez desde que se dictó la prisión preventiva que estamos planteando una cesación, una terminación de la prisión preventiva, o un cambio por comparecencia con restricciones. Inicialmente solo habíamos trabajado una casación, que primero se declaró bien concedida, pero que la Corte Suprema no estimó. También tenemos un habeas corpus en el Tribunal Constitucional, que está pendiente de resolución.

¿Qué es lo sustenta la cesación?

La cesación de prisión preventiva se basa en que han desaparecido los motivos del peligro procesal. En el caso de Edwin Oviedo, la prisión preventiva se dicta fundamentalmente por peligro probatorio. En ese momento se estimó que Oviedo en libertad podía influir sobre testigos. Entonces, todos los testigos que motivaron la privación de la libertad de Edwin Oviedo ya han declarado. O sea, la información que tenían que brindar los testigos ya está entregada en un 100%. Entonces, si el motivo de la prisión preventiva ha desaparecido, lo que exige la Constitución y la ley es que termine.

Tenemos entendido que algunos de los testigos se han retractado, ¿se ha demostrado la invalidez de algún testimonio?

El problema fundamental más que la invalidación de algún testimonio son las limitaciones que la ley da cuando el fiscal trabaja con testigos protegidos. Como limitan la posibilidad de la defensa de conocer su identidad, y no poder interrogarlos desde el comienzo, lo que la ley dice es que sirven para abrir proceso, pero no así para condenar. Hay un testigo colaborador que es la única prueba de la fiscalía. O sea, aparte de ese testigo, todo son corroboraciones periféricas, como que Edwin Oviedo era acreedor y motivó una administración judicial. Y eso no está en discusión, que Edwin Oviedo tenía interés en la marcha financiera de Tumán.

¿Qué debe demostrar la fiscalía en su caso?

Lo que se tiene que probar es si él ordenó a un administrador judicial que se disponga a matar a dos personas. Eso es lo que está en discusión, porque a él se le acusa de autor mediato por dominar la administración judicial, y haber creado a este grupo de personas que se conoce como Los Wachiturros.

La fiscalía ha señalado que tiene pruebas de que así fue.

La única prueba entre comillas en esa línea es el testigo colaborador. Si suprimimos al testigo colaborador no hay nadie más que lo acompañe. Ese testigo colaborador incluso la fiscalía lo ha debilitado. La ley le da la posibilidad de que el fiscal decida si levanta el secreto de la identidad. Por tanto, conociéndolo, se puede tener un mejor derecho a la defensa y poder establecer si es mi enemigo, si tiene problemas para ser imparcial. Se pidió antes de la declaración del testigo colaborador que se reexamine la medida de protección y el fiscal y el juez se negaron. Y el fiscal Juan Carrasco se ha decidido por una prueba muy limitada: un solo testigo.

¿Qué es lo que la defensa cuestiona en la actuación del fiscal Carrasco?

El fiscal puede hacer su trabajo siempre y cuando cumpla la ley. Hay un problema que me preocupa profundamente y es sobre cómo el fiscal Carrasco maneja el tema de la colaboración eficaz. Si bien no hemos podido acceder a la identidad del testigo colaborador, pero de acuerdo a ciertas versiones periodísticas, se habla que sería un delincuente llamado Gregorio Leguía. ¿Por qué esto es importante? Porque Gregorio o “Goyo” Leguía de acuerdo al testigo colaborador era el engranaje. Oviedo tendría que haberle ordenado a (el ex administrador judicial) Segundo Ordinola Zapata. Y Ordinola tendría que haberle ordenado al jefe de Personal de la azucarera Tumán llamar a Gregorio Leguía para que conecte, coordine, planifique todo con los autores materiales. Según la versión del testigo colaborador, Gregorio Leguía es un elemento fundamental, pero resulta que ese es un requerimiento mixto. En una parte el fiscal ha acusado y en otra a pedido sobreseimiento, ha pedido que se archive el caso porque son inocentes. ¿De quién pide que se archive de su caso? De Gregorio Leguia. Entonces, si su testigo colaborador dice que Gregorio Leguía es el elemento clave, y por otro lado pide que lo declaren inocente porque no hay pruebas contra él, entonces aquí hay una fuerte contradicción con relación al caso.

Usted ha insinuado que el fiscal Carrasco sería instrumento de una conspiración en su contra. ¿Quiénes estarían detrás de él? ¿Tiene alguna evidencia?

El primer tema era la sospecha que hay sobre el manejo del colaborador eficaz, hay una sospecha de fraude procesal que hay que revisar. Y lo segundo es este intento de traerse abajo el arraigo laboral que ha presentado Edwin Oviedo. Este tipo de hechos son extraños y eso es lo que me lleva a considerar que el fiscal no está actuando correctamente en este caso.

¿Cuál ha sido la conducta de la Corte de Lambayeque en este caso?

Este caso no se ha tratado de manera regular. Primero, la prisión preventiva se dicta indebidamente. Segundo, no se respeta las reglas del debido proceso. No se le ha permitido que se reexamine la medida de protección del testigo colaborador. Hay una serie de hechos que va más allás de los errores judiciales, pero por prudencia yo voy a esperar a ver qué sucede con la cesación porque es muy clara.

Y respecto al caso Los Cuellos Blancos, además de la declaración de Antonio Camayo, ¿hay otro testigo que implica a Oviedo?

Cero. Desde que comenzó el caso todo se ha ido viniendo abajo. Por ejemplo, se decía que Edwin Oviedo está metido en el tema de Los Cuellos Blancos porque él contrató a César Hinostroza para influya sobre la juez que dictó un amparo en favor de Oviedo. Ha venido a declarar la juez, ha explicado por qué dictó su media cautelar, ha demostrado su resolución con la cual le archivaron el caso por investigación disciplinaria y hemos traído a declarar a los abogados constitucionalistas que fueron los que se encargaron del amparo. Más bien no solo se ha demostrado que el amparo fue impecable sino que la juez del amparo ha hecho una denuncia disciplinaria contra el fiscal Juan Carrasco. El otro tema que decía que había contratado a Hinostroza para que logre una casación a su favor, pero como es elemental en la Corte Suprema, son cinco jueces. Hinostroza era uno de los cinco jueces, han declarado todos y han explicado por qué salió la casación. Y no hay posibilidad que Hinostroza haya influido sobre todos los jueces.

¿La defensa pedirá una transferencia de competencia?

No, no es el momento. La transferencia de competencia es una posibilidad, pero en este momento hemos optado por la cesación, los procesos han estado dormidos, los hemos reactivados y vamos a ver qué sucede con la cesación de prisión y sobre eso tomaremos decisiones si es que corresponde o no otro acto de defensa adicional.