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Albán: Insistir en la elección del TC sería contrariar la confianza que el presidente anunció

Exdefensor del Pueblo Walter Albán consideró el presidente Martín Vizcarra debería plantear la cuestión de confianza “en los términos de que, si se aprueba, se aprueba la norma” que propondrá para modificar el sistema de elección de miembros al Tribunal Constitucional.

Walter Albán. Foto: La República.
Walter Albán. Foto: La República.
La República

Por: Jalbi Romero M.

El exministro del Interior y extitular de la Defensoría del Pueblo, Walter Albán Peralta, señaló a La República que la cuestión de confianza que planteó este viernes el presidente de la República, Martín Vizcarra, no podría ser objetada por el Congreso ya que la iniciativa no implica una modificación a la Constitución, sino a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por este motivo, Albán estimó que a los congresistas “ya se les acabó” el argumento que esgrimían para limitar los pedidos de confianza del Ejecutivo al Parlamento.

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¿La cuestión de confianza procede, entonces?

Por supuesto. No hay parámetros o límites para la cuestión de confianza. Incluso, a mi juicio, procede una reforma constitucional planteada como cuestión de confianza por iniciativa del Ejecutivo, lo que ha estado en discusión en los últimos meses. Pero esta es una ley orgánica, así que no habría mayor forma de objetarla. El presidente puede plantear un proyecto, y sería conveniente que lo plantee cuanto antes para exigir que la cuestión de confianza se discuta en el Congreso ya.

¿Qué le corresponde ahora al Congreso?

Corresponde que Pedro Olaechea paralice, por el momento, la elección de los miembros del TC.

¿Cree que sea factible entre los congresistas?

Me da la impresión, por las primeras declaraciones que he escuchado, de que no existe por el momento ese ánimo. Pero los términos de la discusión han variado. Yo creo que el gesto que se espera del Congreso, y sobre todo de quien lo representa ahora, sea de suspender este proceso. Porque, finalmente, insistir en él significaría, en los hechos, que van a contrariar la confianza que el presiente ya anunció. Y bueno, pueden hacerlo de diferentes maneras, pero ya saben en qué situación se colocan.

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¿Este pedido responde a las políticas generales del Gobierno?

Yo estoy convencido de que sí. Porque, definitivamente, lo que se quiere hacer en este momento con los votos que ya ha reunido esta mayoría en el Congreso, es controlar el Tribunal Constitucional, y con esto, parar prácticamente la lucha contra la corrupción y garantizar la impunidad, que es una de las razones por las que no han querido adelantar las elecciones, para no perder la inmunidad. Esto tiene que ver con muchos aspectos que hacen a la política general del Gobierno.

Justamente han cuestionado eso, que el pedido no responde a las políticas generales del Gobierno.

Pero esas objeciones no son sino insistir sobre lo mismo: que el presidente tiene límites para plantear la cuestión de confianza. Y, como sabemos, eso no está puesto en la Constitución. No hay ningún límite que la Constitución haya puesto en estos términos. Y la única sentencia del Tribunal Constitucional que se refiere a este tema, hace hincapié en que el presidente no tiene los límites que ellos [los congresistas] quieren señalar.

Lo que quiero también destacar es cómo, cuando ellos hacen un uso abusivo de la normatividad y van contra el sentido común y el respeto elemental a la sensibilidad de la ciudadanía, cuando atropellan, por ejemplo, para capturar el TC, ahí sí se basan en la Constitución y los reglamentos no se lo impide. Pero cuando hay una situación distinta, en ese momento sí tratan de buscar la razón de la sinrazón para poner en cuestión, desde un punto de vista jurídico, un hecho que es perfectamente razonable.

¿El Tribunal Constitucional se podría pronunciar sobre esta cuestión de confianza?

Yo tengo la impresión de que, aun cuando es tema que los involucra directamente, porque ellos son miembros del TC, como sabemos, y ese sí es un principio que siempre ha sido respetado en el país, los proyectos de ley no son materia de una discusión o pronunciamiento del TC. Y esto es un proyecto de ley. Podrán opinar, podrán dar su parecer, y no creo que haya un parecer unánime al respecto, pero no como colegiado.

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¿Qué modificaciones se deberían hacer al sistema de elección de magistrados del TC? ¿Retirar el mecanismo de invitación y hacer un concurso?

Así es. Porque esto es una distorsión que se ha ido produciendo poco a poco en los sucesivos congresos, porque, tanto en el caso del Tribunal Constitucional como en el de la Defensoría del Pueblo, lo que se previó siempre era que decidían los congresistas con su voto y votos calificados, pero en procesos de concurso público de méritos donde la ciudadanía estaba involucrada y se garantizaba transparencia, idoneidad de las postulaciones, plazos para que pueda haber impugnaciones, etc.

Teniendo el antecedente de la conducta del fujimorismo y sus aliados en la Comisión de Constitución, que preside Rosa Bartra, ¿la cuestión de confianza debería ser presentada con un plazo determinad?

Por supuesto. Yo creo que la cuestión de confianza debe estar planteada en los términos de que, si se aprueba, se aprueba la norma. Y si no, se desaprueba, [porque] no se puede tratar como gente dialogante, razonable, a quienes se han mostrado no solo muy poco favorables al diálogo y a la razón, sino prepotentes y tramposos. Hay que evitar caer en trampas.

¿Si rechazan la confianza?

El presidente puede disolver el Congreso. Y yo creo que ya se les acabó el argumento de que es una reforma constitucional. Acá no es una reforma constitucional, así que ni siquiera podrían acudir a ese elemento.

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¿Podrían pedir una demanda de competencia al TC?

Ya no podrían porque el Tribunal Constitucional no tiene opinión consultiva como colegiado. [En todo caso] lo que tendrían que [hacer es] meter una demanda competencial que tendría que ser un trámite que ya no podría resolverse antes de que este asunto esté decidido.

¿Cómo queda el tema del adelanto de elecciones?

Es algo que todavía el presidente le debe al país. Porque una de dos: va a insistir en el asunto, pero lo va a hacer después, o ya declina en esta iniciativa. Y cualquiera sea la decisión que haya tomado, el presidente tiene que responder ante el país sobre esto. Ahí todavía tenemos un vacío.