Servir al Congreso: “Acceso al sector público se realiza por concurso de méritos”

La Autoridad Nacional de Servicio Civil, conocida como Servir, ha respondido las consultas enviadas por el entonces oficial mayor Gianmarco Paz –tiempo en que Daniel Salaverry era presidente del Congreso–, respecto a los nombramientos de personal o contrataciones de trabajadores de plazo indefinido en el Parlamento sin haber pasado un concurso de méritos.

En el informe técnico al que tuvo acceso La República, la gerente de políticas de Gestión del Servicio Civil, Cynthia Sú Lay, también hace referencia a un posible convenio con el Congreso para resolver procesos en segunda instancia y si una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el ingreso y ascenso en la carrera pública es aplicable para el Poder Legislativo.

Servir señala, en primer lugar, que no le corresponde “emitir pronunciamiento de casos particulares”. Bajo aspectos generales, indica que la ley 30647 establece que los empleados del Congreso están bajo un régimen laboral de la actividad privada, por lo que “no están comprendidos dentro de los alcances de las normas que regulan la gestión de recursos humanos del servicio civil”. Añade que el Consejo Directivo “aprueba la política de gestión de recursos humanos”.

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No obstante, precisa que el Congreso no está excluido de los alcances de Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH). “Si bien se le ha concedido al Consejo Directivo del Congreso la facultad de normar su propia política de gestión de recursos humanos, esta prerrogativa debe ser ejercida en concordancia con las normas que rigen el SAGRH”, indica. “Dichas reglas de acceso deben ser observadas por todas las entidades del Estado, incluido el Congreso”.

Por ello, Servir establece que “bajo ese marco legal, es de apreciar que el acceso al sector público, indistintamente del régimen al que se vincule el servidor, se realiza necesariamente por concurso público de méritos, en un régimen de igualdad de oportunidades”.

La consulta se realizó tras un contexto en el que el Congreso, bajo la presidencia de Daniel Salaverry, no iba a renovar las contrataciones de 130 trabajadores, 100 de ellos eran militantes de Fuerza Popular. Posteriormente se anunció un concurso público para esas plazas, aunque se dejó sin efecto.