Gobierno obligado a responder
El informe de la CIDH sobre el Perú conlleva el compromiso de atender las recomendaciones.
Para la Defensoría del Pueblo, es deber del Gobierno cumplir con las recomendaciones incluidas en el informe sobre la represión ante las protestas sociales en el Perú, entre diciembre de 2022 y fines de enero de 2023, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que ha desatado una polémica entre fuerzas políticas, autoridades y organizaciones sociales en torno a las obligaciones ahí consignadas.
Se trata de las víctimas de la violencia policial y militar: 48 fallecidos y unos 1.300 heridos. Se establece que fue el uso excesivo de la fuerza lo que habría provocado crímenes extrajudiciales y una masacre en Ayacucho. Por ello, se plantea la investigación exhaustiva de lo ocurrido.
Se recomienda que sean fiscales especializados los que aborden estos 48 casos, en los que ya se ha avanzado con necropsias e informes de pericias balísticas y otros análisis especializados. La CIDH pide que para la celeridad y la independencia de la investigación, fiscalías especializadas en derechos humanos investiguen las denuncias.
El Gobierno está en desacuerdo con la evaluación de la Comisión. Tiene derecho a plantearlo, pero antes debe escuchar, cumplir y tratar de defenderse. Ya no es un asunto de imagen pública, se trata de imputaciones sobre las que se deben presentar descargos.
El primer ministro, Alberto Otárola, sostiene que las responsabilidades son individuales. Para ello se requiere que el Ministerio Público determine de dónde provino la orden y por qué se repitió el modus operandi sistemáticamente en otras ciudades del interior del país, donde también se desbordó la violencia. Pero luego de más de 3 meses, la presidenta Boluarte aún no ha hecho su declaración ante la Fiscalía.
La Comisión Interamericana como organismo supranacional de vigilancia y protección de los derechos humanos hará seguimiento periódico a sus recomendaciones. Le consultará al Ejecutivo peruano y nuestro país, como miembro del sistema interamericano, deberá atenderle.
El Gobierno de Dina Boluarte, pese a que trata de restarle importancia a los hechos, no debe mantener esta postura del avestruz, sin adoptar alguna determinación. Ya no se trata de contratar a una agencia de imagen. La maquinaria judicial se ha puesto en marcha, si es que la judicatura peruana no hace su labor. Hay casos en la historia contemporánea del Perú que pueden servir de referencia.
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