Capacitan a más de 100 mujeres sobre Violencia de Género y Acceso a la Justicia

Alrededor de un ciento de mujeres líderes de las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca, en Piura, iniciaron su capacitación en Violencia de Género y Acceso a la Justicia.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Jaime Antonio Lora Peralta, inauguró el Curso Virtual de Orientadoras Judiciales 2022, organizado por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de Sullana.

Lora calificó el curso como un evento de gran importancia para el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables dentro de las políticas del Poder Judicial que, en general, preside la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado.

Precisó que la formación académica que recibirán las participantes será un reforzamiento de nociones básicas de temas que como futuras orientadoras van a transmitirlos en el seno de su propia comunidad y serán el enlace con todo el sistema de justicia.

El juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Sullana, Martín Jesús Nole Lupu, en la sesión N.° 1 del curso denominado Violencia de Género y Acceso a la Justicia, destacó que muchas veces la violencia contra las mujeres refuerza las desigualdades de género y menoscaba su integridad y dignidad.

“La violencia de género ha sido un dispositivo disciplinador, quizás el más eficaz que ha aplicado una sociedad patriarcal con el fin de garantizar la perpetuación de un modelo de sociedad en el que la mujer es siempre sometida y sufre todo tipo de postergaciones”, señaló.

Indicó también que el Estado tiene la obligación de garantizar la disponibilidad de mecanismos efectivos, adecuados e imparciales para víctimas de violencia contra la mujer; y que por eso está la Ley 30364 y su reglamento para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Hizo un recuento de los tipos de violencia que sanciona dicha ley, incidiendo en las de carácter físico, psicológico y sexual; el papel de la Policía Nacional que tiene el deber de recibir la denuncia; y el dictado de medidas de protección de acuerdo a la ficha de valoración de riesgo.