Meta acuerda con estados de EE. UU. pagar US$16.700 millones para resolver demanda sobre seguridad de menores en redes
Este acuerdo busca mitigar los riesgos legales para Meta, que enfrentaba potenciales sanciones de hasta US$200.000 millones por prácticas cuestionadas en relación con la protección de menores.
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Meta alcanzó un acuerdo con fiscales generales de 29 estados de Estados Unidos para cerrar un proceso judicial que cuestionaba el impacto de Facebook e Instagram sobre los menores. El pacto, que todavía debe recibir la aprobación de un juez federal de Oakland, contempla un desembolso de hasta US$16.700 millones y modificaciones importantes en la manera en que los adolescentes utilizan las plataformas.
El entendimiento llega cuando el juicio con jurado apenas transitaba su segunda semana y coloca bajo escrutinio las prácticas de una de las mayores compañías tecnológicas del mundo.
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El acuerdo obligaría a Meta a incorporar controles adicionales para limitar la exposición de los jóvenes a sus servicios.
Entre las medidas previstas figura impedir que los adolescentes utilicen las aplicaciones durante la noche y establecer un máximo acumulado de dos horas de navegación diaria. También se restringiría la posibilidad de que los menores desactiven determinadas configuraciones de seguridad sin autorización de sus padres.
La compañía deberá reforzar, además, sus mecanismos de verificación de edad para detectar con mayor precisión a los usuarios jóvenes.
Algunas funciones de las plataformas también quedarían limitadas para los adolescentes. Entre ellas están la visualización del número de me gusta de una publicación y determinados filtros de belleza.
El cumplimiento del pacto quedaría bajo vigilancia de un auditor independiente, que tendría facultades para formular recomendaciones y comunicar sus conclusiones a los estados involucrados.
Una disputa que amenazaba con costarle mucho más
El proceso judicial representaba un riesgo financiero considerable para Meta. Los estados sostenían que la compañía había diseñado deliberadamente sus plataformas para atraer y retener a usuarios jóvenes, además de cuestionar la información proporcionada al público sobre los posibles riesgos de sus servicios.
Las autoridades también acusaron a la empresa de infringir normas de protección al consumidor y leyes federales de privacidad relacionadas con menores de 13 años.
Una eventual derrota podía exponer a Meta a sanciones de aproximadamente US$200.000 millones, según los antecedentes del proceso.
El acuerdo permite a la compañía evitar ese escenario, aunque el monto máximo pactado de US$16.700 millones representa uno de los mayores compromisos económicos vinculados con las acusaciones sobre seguridad y bienestar de menores en redes sociales.
Pese al alcance del pacto, el documento judicial establece que el acuerdo tiene fines exclusivamente conciliatorios. Meta mantiene su rechazo a las acusaciones y no reconoce responsabilidad, conducta indebida ni violaciones de leyes locales, estatales, federales o internacionales.
La empresa tampoco había emitido inmediatamente comentarios sobre el acuerdo.
La negociación se produjo mientras avanzaba el juicio en Oakland. Las conversaciones para alcanzar una salida extrajudicial habían trascendido públicamente un día antes, cuando se informó que ambas partes analizaban la posibilidad de cerrar el litigio sin esperar un veredicto.
El conflicto trasciende este caso
El proceso forma parte de una ofensiva judicial más amplia contra las grandes plataformas digitales por sus efectos sobre los menores. Meta ya ha recibido fallos adversos en otros procesos relacionados con este tipo de acusaciones, mientras continúan otros litigios promovidos por jóvenes usuarios que atribuyen a sus plataformas problemas de adicción y un agravamiento de trastornos psicológicos y conductuales.
Para California, uno de los estados que encabezó la ofensiva, el pacto representa un cambio concreto en las condiciones de uso de las plataformas. El fiscal general Rob Bonta afirmó que las transformaciones previstas buscan reducir los riesgos asociados con Facebook e Instagram y reforzar la protección de los menores.
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