Fraude masivo en EEUU: mujer de Florida es investigada por presentar más de 1.000 solicitudes de asilo falsas a USCIS

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) participó activamente en la investigación de un caso de fraude relacionado con solicitudes de asilo en el estado de Florida. En este caso, una mujer originaria del condado de Broward presentó más de 1.000 solicitudes de asilo utilizando información falsa.

La acusada, Andrea C. Correa, residente en la ciudad de Sunrise, viene siendo procesada por cargos federales debido a la manipulación y falsificación repetida de documentos de inmigración. En ese sentido, su accionar ha generado una respuesta contundente de las autoridades federales en su lucha contra el abuso del sistema de inmigración.

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El sistema de estafa de asilo de inmigrantes que lideraba Andrea Correa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) han acusado a Andrea C. Correa, una asistente legal de 37 años, por su presunta implicación en un esquema de fraude relacionado con solicitudes de asilo.

De acuerdo con un comunicado oficial, la investigación indicó que desde el año 2013, Correa habría manipulado documentos migratorios. En particular, se la acusa de presentar más de 1.000 solicitudes fraudulentas en nombre de inmigrantes que buscaban asilo en los Estados Unidos.

Las indagaciones, llevadas a cabo por la División de Seguridad Nacional del ICE y la Oficina de Asilo del USCIS en Miami, revelaron que Correa alteraba los datos en los formularios y asesoraba a los solicitantes para que inventaran historias de persecución política, con el fin de asegurarles el asilo en el país.

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¿Cómo funcionaba el sistema de estafa de Andrea Correa?

De acuerdo con los documentos judiciales, Correa ideó un sistema para crear casos de asilo falsos:

• Alteraba las declaraciones en los formularios de inmigración para que parecieran auténticas.
• Asesoraba a los solicitantes sobre qué responder durante sus entrevistas con el USCIS.
• Desestimaba las advertencias de algunos inmigrantes que afirmaban no haber experimentado persecución.

El USCIS destacó en su comunicado que este tipo de fraude no solo es ilegal, sino que también congestiona el sistema de asilo y retrasa el procesamiento de los casos legítimos de personas que realmente necesitan protección.

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¿Cuántos años de cárcel podría recibir Andrea Correa?

Correa enfrenta cargos federales bajo el Título 18 USC §1546(a), una legislación que penaliza la presentación de documentos migratorios falsificados con el fin de obtener beneficios migratorios de manera ilegal. Esta ley impone castigos severos a quienes alteren o falsifiquen información en las solicitudes de inmigración, ya que tales acciones pueden comprometer la seguridad nacional.

Por ello, si es hallada culpable, Correa podría ser condenada a una pena de hasta 10 años de prisión y a una multa de 250.000 dólares, aunque la sentencia final dependerá de la decisión del tribunal. Elementos como la cantidad de solicitudes fraudulentas presentadas, el nivel de planificación previa y el impacto del fraude en el sistema migratorio podrían influir en la pena impuesta.

El fiscal Hayden P. O’Byrne, del Distrito Sur de Florida, junto con la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI Miami) y la Oficina de Asilo del USCIS, subrayaron la gravedad del fraude en el marco de la crisis migratoria. Las autoridades señalaron que casos como este dificultan la identificación de quienes verdaderamente requieren protección y generan retrasos adicionales en el procesamiento de solicitudes legítimas.

USCIS recuerda cómo denunciar una estafa migratoria

Cualquier persona que disponga de información sobre posibles irregularidades puede denunciarla de forma confidencial utilizando el Formulario de Confidencias del USCIS, disponible en su página web oficial.

Además, el USCIS recordó que ofrecer información falsa en los trámites migratorios no solo constituye una infracción administrativa, sino un delito federal grave que puede resultar en la negación del estatus migratorio, sanciones penales e incluso en la deportación inmediata de los solicitantes implicados.