En defensa de los migrantes: la marcha en Madrid de la Asamblea Antirracista

Lucha histórica de los migrantes residentes en Madrid. Desde hace 5 años, el colectivo denominado Asamblea Antirracista organiza cada 13 de noviembre una caminata en recuerdo del primer crimen racista público en España (1992). Para este mes, la organización demandará una serie de requerimientos que obedecen a problemáticas existentes: el rechazo social por raza, las políticas migratorias y el abuso laboral, entre otras muchas causas.

La escritora peruana residente en Madrid, Gabriela Wiener, ha compartido el comunicado dispuesto por el colectivo. La flamante autora de “Huaco retrato” vive en el país ibérico y, fiel feminista anticolonial, argumenta en favor de los migrantes. Además, rechaza el colonialismo e identifica, en los muchos discursos que publica, el flagrante racismo de la derecha española.

Primer precedente público: caso de Lucrecia

1992. Lucrecia Pérez Matos fue una migrante dominicana. Tenía 33 años y vivía en las ruinas de la discoteca “Four Roses”, un municipio perteneciente a la provincia de Madrid. El inmueble en estado de putrefacción servía como un refugio para medio centenar de inmigrantes.

En ese mismo lugar, Lucrecia fue asesinada con arma de fuego. Fue tiroteada por cuatro sujetos encapuchados que irrumpieron en el lugar. Al tiempo se descubrió la identidad de los referidos: 1 guardia civil y 3 menores cercanos a grupos neonazis.

La migración es un derecho universal

En España, los migrantes que se encuentran en situación irregular en cuanto a los documentos (que puede obedecer a diferentes situaciones), pueden ser encerrados en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs). En dichos inmuebles, por supuesto, se vulneran sistemáticamente los derechos de las personas: sin haber cometido un solo delito (la migración, en cualquier caso, no lo es), son privadas de libertad e incluso pueden ser reportadas.

La Asamblea Antirracista de Madrid denuncia las políticas migratorias del país europeo. Refieren, por ejemplo, a la lentitud burocrática para tramitar el asilo político, el llamado “refugio” que ampara a la persona migrante y exige, al mismo tiempo, por los tratados internacionales sobre derechos humanos, condiciones óptimas dispuestas por el país donde se reside por emergencia.

La organización describe la situación: “la falta de citas de extranjería y la saturación en las atenciones, tiene como resultado el colapso en la gestión de trámites vitales (...) no podemos acceder a la entrevista inicial para solicitar asilo, a la toma de huellas para tener una tarjeta de identificación (...) esta situación (...) suele llevar a la irregularidad sobrevenida”.

Sin estar registrados en el padrón, los solicitantes en situación irregular no pueden acceder a los derechos básicos: salud, educación, transporte, servicios sociales y municipales y trámites en toda entidad estatal. Se les despropia, entonces, de todo porvenir existente.