Por la COVID-19, presos de Argentina podrán usar celulares para comunicarse con sus familias

Si bien está prohibido históricamente el uso de celulares en las cárceles de Argentina, distintos jueces permitieron que durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, los presos estén en contacto con sus familias para bajar las tensiones y evitar motines.

Los penales en los que se autorizó el uso de teléfono son los 57 de la provincia de Buenos Aires, los 11 de Mendoza y la única que hay en Chubut. La medida fue ordenada por la Justicia, pese a que en 2017 y 2018 se incautaron más de 53.000 celulares en las cárceles.

Eso no es todo, en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que alberga a 45.000 internos se habilitó el uso de videoconferencias en 15 unidades entre detenidos y familiares que por la cuarentena o problemas de salud no tienen contacto, según Infobae.

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“A efectos de evitar someter a las personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires a una situación de ostracismo que en el marco de la actual pandemia importa un sufrimiento incompatible con el trato humanitario reclamado por la normativa constitucional, es mi opinión que resulta prudente autorizar el uso de telefonía celular a los fines del mantenimiento de los vínculos familiares de los internos”, sostuvo en su resolución el juez de Casación Víctor Violini.

Podrán usar WhatsApp, pero no otras redes sociales

Tras la autorización de la Justicia, el lunes 1 de junio se estableció un protocolo de utilización de los celulares en todos los penales y que tendrá validez hasta que culmine la cuarentena obligatoria por la COVID-19.

Las comunicaciones entre los presos y sus familias pueden realizarse a cualquier hora del día en las celdas. Está prohibida su utilización en los pabellones, pasillos, espacios educativos y laborales. Por tal motivo, la Policía tiene que vigilar si el celular se utiliza para estar en contacto son sus seres queridos o cometer delitos.

Según el SPB, los presos podrán usar la aplicación WhatsApp, menos las redes sociales. “Si el reo estuviera procesado por delitos cometidos a través de redes sociales, la autoridad podrá inhabilitarle la cámara del dispositivo móvil”.