El Vaticano: ¿por qué la ley de contratos es un golpe letal contra la corrupción en la Santa Sede?

Francisco fue elegido como sumo pontífice en el 2013. Desde aquel año su meta fue optimizar los recursos financieros del Vaticano en aras de trasparentar y controlar la concurrencia en los procesos de adjudicación de compras. Hoy su promesa se ha hecho realidad, tras el anuncio de la Ley de contratos públicos.

Esta histórica reforma llega en momentos difíciles para el mundo a causa de la pandemia del coronavirus que también ha causado estragos en las finanzas del Vaticano, debido al cierre de su principal fuente de ingresos, los museos. Recintos que estuvieron cerrados desde el último 8 de marzo, tras la declaratoria de emergencia sanitaria a causa del virus originado en Wuhan.

La inédita medida busca prevenir la corrupción y hacer considerables ahorros en plena crisis financiera debido a la COVID-19.

El papa Francisco dijo que las nuevas normas permitirían “reducir considerablemente el peligro de corrupción de los que están llamados a gobernar y administrar los órganos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano”.

¿Qué dice la Ley de contratos públicos?

La norma apostólica que fue publicada este lunes 1 de junio, cuenta con 98 artículos distribuidos en 30 páginas y ha sido el fruto de cuatro años de un intento por racionalizar los procedimientos de gasto y hacer frente al nepotismo y el favoritismo.

Esta nueva legislación retoma la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, firmado en 2003 en Mérida, y reemplaza a las normas precedentes aún vigentes en la Administración Patrimonial de la Sede Apostólica (APSA), así como en la Gobernación de la Ciudad del Vaticano, que ahora se aplica a todas las dependencias de la Santa Sede, precisa la página web del Vaticano.

¿Cuáles son las nuevas reglas de la ley de contratos públicos?

Normas de transparencia

La nueva normativa exige procedimientos muy detallados y transparentes para la adjudicación de contratos de bienes y servicios.

La mayoría de los contratos del Vaticano son con empresas italianas, por eso exige una lista centralizada de negocios que pueden ofertar por contratos del Vaticano, y enumera los criterios de aquellos que pueden ser excluidos. También destaca la importancia de ahorros gracias a la competitividad entre empresas.

“El tema de la reducción de costos es muy actual e importante en este momento de graves dificultades económicas para todo el mundo y también para la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano”, señala el presidente del Tribunal del Vaticano, Giuseppe Pignatone.

Nueva normativa judicial

Otro de los giros importantes que ha dado la nueva ley es el control de la misma por parte de la justicia vaticana, que dispone desde hace poco de una mayor autonomía respecto al papa.

La nueva normativa deberá evitar los conflictos de intereses familiares en torno a los colaboradores de la Santa Sede. Asimismo, no autoriza los contratos públicos a personas que fueron condenadas por integrar alguna organización criminal o haber cometido delitos fiscales.

De esta manera se busca zanjar los problemas de despilfarro y se deja muy en claro que desde hoy el Vaticano será un poco más selectivo con los contratistas y las empresas con las que hace negocios.

Control de mercado semestral

Las administraciones de la ciudad pontificia ahora podrán celebrar contratos, como la compra de un edificio, por ejemplo, solo de manera centralizada, es decir, sin recurrir a un tercero. Las excepciones serán posibles pero deben justificarse. La Secretaría de Economía se encargará de publicar los precios y tarifas de referencia que cobra el Vaticano cada seis meses.

La Secretaría de Economía establecerá comisiones para estudiar la adjudicación de contratos, y estará compuesta por expertos y empleados de la nación apostólica seleccionados por sorteo. La participación de los miembros del comité será monitoreada hasta el cuarto grado. Con esto se espera ascender a nivel internacional en la lucha contra la corrupción y la regulación de la competencia.