Más de 76.000 denuncias en Madrid durante el estado de alarma por coronavirus
Las multas para los infractores oscilan entre 601 hasta los 30.000 euros según la falta cometida. La actitud del intervenido frente al agente será un agravante para incrementar el monto.
La República en GoogleSegún la Delegación del Gobierno en Madrid, la región presenta 76.541 denuncias a personas que han infringido las restricciones durante el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus, decretadas por el Gobierno de España.
Esta institución que tiene todos los datos y la estadística del estado de alarma informó que desde el viernes 17 de abril al sábado 18, la Guardia Civil y los policías han emitido 2.392 actas de denuncia. Esto sería equivalente a 100 denuncias por hora, aproximadamente.
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La mayoría de estas sanciones se han dado por violar los artículos 36 y 37 de la Ley sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana. Durante el estado de alarma no está permitido la circulación de personas ni vehículos a excepción de personas que trabajen, pasear a sus perros cerca a sus viviendas, hacer compas de alimentos o asistir a ancianos.
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Desde el inicio del estado de alarma 854 personas han sido detenidas por delitos de resistencia a la autoridad o desobediencia. De igual modo, 32.560 vehículos fueron interceptados en controles, siendo 918 la cantidad de interceptados en las últimas 24 horas.
Multas para los infractores del estado de alarma
Dependiendo la gravedad del acto cometido, las multas pueden ser de 601 hasta los 30.000 euros, y están consideradas como graves. De este modo, por el desplazamiento no autorizado que es la sanción mínima se recibirá una multa de 601 euros.
La actitud del infractor frente a los agentes será un motivo de agravante para que este monto se incremente. En este sentido, la multa puede ascender a los 2.000 euros si el intervenido muestra menosprecio a los policías.
Las personas que sean detenidas y cometan actos de violencia en contra del agente, sin llegar a la infracción penal, recibirán una multa de 3.000 euros. En la misma línea, según la tabla del Ministerio del Interior, el intervenido tendrá que pagar 10.400 euros si ejerce violencia o amenaza a los guardias civiles.
