Sheinbaum denunciará al abogado del hijo del 'El Chapo' Guzmán por difamación sobre cárteles en México: "No se puede dejar pasar"
El abogado criticó a Sheinbaum en redes sociales, asegurando que su respuesta al acuerdo judicial con Guzmán refleja una vinculación al crimen organizado, lo que llevó a la mandataria a actuar legalmente.
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que demandará por difamación a Jeffrey Lichtman, abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán, luego de que este la acusara de actuar como vocera del crimen organizado. La declaración fue realizada este lunes durante su tradicional conferencia matutina, tras varios días de tensión provocados por el acuerdo judicial entre Guzmán y las autoridades estadounidenses.
Lichtman lanzó duras críticas contra Sheinbaum en redes sociales, señalando que su reacción ante el acuerdo evidenciaba una supuesta complicidad con el narcotráfico. En respuesta, la mandataria subrayó que "no se puede dejar pasar" una acusación de esa magnitud y que su gobierno no permitirá campañas de desprestigio desde defensas legales vinculadas al crimen organizado.
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“No voy a establecer diálogo con el abogado de un narcotraficante”
Durante su intervención desde Sinaloa, estado de origen del Cártel de Sinaloa, Claudia Sheinbaum dejó claro que tomará medidas legales contra el abogado de Ovidio Guzmán, alias 'El Ratón'. “Vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque esto no se puede dejar pasar”, afirmó de manera enfática.
El recurso será tramitado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y busca responder a los señalamientos públicos de Lichtman, quien afirmó en la red social X que Sheinbaum "actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder honesta que merece el pueblo mexicano".
La presidenta defendió la postura del gobierno mexicano, reiterando que no existe ningún tipo de “contubernio ni complicidad” con organizaciones criminales. Además, recordó que Ovidio Guzmán fue capturado en 2023 en una operación compleja coordinada por fuerzas federales y luego extraditado a Estados Unidos.
El acuerdo entre Ovidio Guzmán y las autoridades de Estados Unidos
El viernes 11 de julio, Ovidio Guzmán, de 35 años, se declaró culpable ante un tribunal de Chicago de cuatro cargos relacionados con narcotráfico. La admisión de culpabilidad fue parte de un acuerdo con la fiscalía estadounidense a cambio de cooperación, lo que ha generado incomodidad en el gobierno de México, que no fue consultado pese a haber liderado su captura y extradición.
Este pacto representa la primera vez que uno de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán alcanza un arreglo judicial con Estados Unidos. Washington acusa a Ovidio y a sus hermanos (Joaquín, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo) de liderar la facción criminal conocida como “Los Chapitos”, la cual sigue operando como parte del Cártel de Sinaloa, organización considerada terrorista por el expresidente Donald Trump.
Sheinbaum ha cuestionado la “falta de coherencia” por parte del gobierno estadounidense al negociar con un miembro de una agrupación a la que consideran terrorista, sin tomar en cuenta los esfuerzos del Estado mexicano para lograr su captura.
El caso Cienfuegos
Como parte de su defensa institucional, Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que ofrezca detalles claros sobre el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Cienfuegos fue detenido en octubre de 2020 en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, pero el Departamento de Justicia retiró las acusaciones en noviembre de ese mismo año y lo devolvió a México. En enero de 2021, la FGR cerró el caso por falta de pruebas.
“Es muy importante que se describa cómo fue todo el caso, desde su detención hasta su liberación”, declaró Sheinbaum, señalando que esta información es clave para contrarrestar los argumentos de Lichtman, quien usó el caso Cienfuegos como ejemplo para desacreditar la posición mexicana.
Mientras tanto, el abogado de Guzmán sostiene que México carece de autoridad para solicitar información sobre un acuerdo judicial estadounidense, calificando el pedido como “absurdo”.
