Elección popular de jueces en México 2025: crece el rechazo previo a esta votación clave para el Gobierno de Sheinbaum
Organismos civiles y expertos jurídicos advierten riesgos en la reforma que permitirá votar por ministros y magistrados en México este 2025.
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México se acerca a una transformación sin precedentes: por primera vez, los ciudadanos elegirán por voto directo a jueces federales, magistrados y ministros de la Suprema Corte. La reforma, impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y respaldada por su sucesora electa Claudia Sheinbaum, promete “democratizar” el sistema judicial. Sin embargo, el anuncio desató un debate nacional sobre sus posibles consecuencias.
Especialistas en derecho, universidades y organizaciones civiles cuestionan los fundamentos de la iniciativa. Consideran que la elección popular de jueces en México podría minar la independencia judicial, debilitar el equilibrio de poderes y exponer el sistema a intereses ajenos a la legalidad, incluidos partidos políticos y grupos criminales.
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Una reforma histórica con múltiples críticas en México
El proyecto forma parte del paquete de cambios estructurales promovidos por el movimiento de la Cuarta Transformación. Tras la victoria legislativa en 2024, el oficialismo alcanzó la mayoría necesaria para modificar la Constitución y permitir esta inédita votación de jueces en México. La propuesta contempla someter al voto popular la designación de 11 ministros de la Suprema Corte, magistrados de circuito y jueces de distrito.
Desde Palacio Nacional, se justificó la reforma como una herramienta para erradicar la corrupción en el Poder Judicial. La narrativa oficial sostiene que la justicia federal ha servido a intereses particulares y no a las mayorías. Según esta visión, el voto directo devolverá el poder al pueblo y eliminará el control de élites jurídicas sobre las instituciones judiciales.
Preocupaciones por la autonomía del Poder Judicial
El principal temor entre los críticos es que la reforma judicial debilite la división de poderes en México. Si los jueces deben postularse, hacer campaña y conseguir votos, corren el riesgo de quedar subordinados a dinámicas partidistas o intereses económicos. Además, especialistas alertan sobre la posibilidad de que el crimen organizado intente influir en las elecciones, especialmente en regiones donde ejerce control territorial.
Otro punto alarmante radica en la falta de claridad sobre el proceso electoral. No se conocen detalles sobre los requisitos para postularse, los mecanismos de fiscalización o los criterios para evaluar la trayectoria de los aspirantes. Varios expertos en justicia consideran inviable que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas sin una formación técnica en derecho constitucional o penal.
Un escenario inédito en el mundo democrático
La elección popular de jueces federales en México no tiene precedentes a escala nacional en otros países. Si bien algunos estados de Estados Unidos eligen ciertos magistrados locales, ningún sistema judicial en democracias desarrolladas aplica esta fórmula a su corte suprema o tribunales federales. La singularidad del modelo mexicano ha despertado escepticismo fuera de sus fronteras.
La administración entrante de Claudia Sheinbaum enfrenta el reto de llevar adelante esta transformación sin comprometer la calidad institucional ni la confianza en el sistema de justicia. A pesar de su compromiso con la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, la mandataria electa deberá lidiar con el creciente rechazo de amplios sectores que advierten un riesgo profundo para la democracia mexicana.
