Madres inmigrantes en EE.UU. luchan por los pasaportes de sus hijos ante posible cambio en la ciudadanía por nacimiento
La 14ª Enmienda garantiza la ciudadanía, pero la medida puede afectar el acceso a documentos esenciales. Las largas filas en oficinas del USPS evidencian el apuro de las madres por asegurar el futuro de sus hijos.

Carmen, una madre mexicana indocumentada, llegó a Estados Unidos con la esperanza de un futuro mejor. Su hijo, nacido en Texas hace nueve años, es ciudadano estadounidense, pero la incertidumbre la llevó a tramitar su pasaporte cuanto antes. Como ella, miles de madres indocumentadas en EE.UU. están apresurándose a obtener documentos oficiales para sus hijos, temiendo que las nuevas políticas migratorias afecten su estatus legal, según declara para el medio El País.
El 20 de enero, día de la toma de posesión de Donald Trump, se firmó una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados y aquellos con visados temporales. Aunque la medida ha sido bloqueada en tribunales, muchas familias temen que un fallo judicial desfavorable pueda revocar este derecho consagrado en la Constitución de EE.UU.
Una medida impugnada, pero con efectos inmediatos en los inmigrantes indocumentados
La 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU. garantiza desde 1868 que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es automáticamente ciudadano, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Sin embargo, la orden de Trump pretende reinterpretar esta enmienda y restringir el acceso a documentos esenciales como pasaportes y números de Seguro Social para hijos de inmigrantes indocumentados.
A pesar de que cuatro jueces federales han suspendido la aplicación del decreto en distintos estados, las madres temen que un fallo de la Corte Suprema pueda revocar la medida cautelar. La incertidumbre ha llevado a una avalancha de solicitudes en las oficinas del Servicio Postal de EE.UU. (USPS), donde se procesan los pasaportes. En Texas, las citas se encuentran saturadas por semanas, y muchas mujeres llegan de madrugada para intentar obtener un turno.
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Largas filas y temor a la deportación por políticas de Donald Trump
Las escenas en las oficinas del USPS reflejan la angustia de las madres. En Hutchins, Texas, una fila de más de 50 personas esperaba la apertura de la oficina. Muchas llegaron desde la madrugada, algunas incluso el día anterior, con la esperanza de lograr el trámite. Gabriela, una dreamer beneficiaria del programa DACA, logró conseguir una cita después de varias semanas de intentos en línea. "No quería arriesgarme a que en el futuro nieguen la ciudadanía de mis hijos", afirmó.
El pasaporte se ha convertido en una prueba clave de identidad y nacionalidad para estos niños. Según la abogada Delia Salvatierra, especializada en derecho migratorio, "tener un pasaporte es fundamental porque reafirma la ciudadanía estadounidense y facilita la movilidad en caso de una deportación familiar". Además, recomienda que los padres enseñen a sus hijos a memorizar su número de Seguro Social y obtengan una identificación estatal para evitar problemas legales en el futuro.
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El debate legal y las implicaciones políticas
El intento de revocar la ciudadanía por nacimiento ha desatado una fuerte oposición en el ámbito legal y político. Un total de 22 estados han presentado demandas para bloquear la orden de Trump, argumentando que el presidente no puede modificar una enmienda constitucional mediante un decreto.
Los expertos advierten que, aunque la orden ejecutiva solo podría aplicarse a nacimientos posteriores a su eventual aprobación, la incertidumbre está generando miedo entre las comunidades de inmigrantes indocumentados. Organizaciones pro derechos humanos han alertado sobre el impacto que tendría la medida en miles de niños, quienes podrían quedar apátridas y sin acceso a servicios básicos.
Mientras la batalla legal sigue en curso, las madres indocumentadas en EE.UU. continúan movilizándose para proteger el futuro de sus hijos. Para ellas, la ciudadanía por nacimiento no solo representa un derecho constitucional, sino también la única garantía de estabilidad en un país donde las políticas migratorias cambian constantemente.


















