Pleno del JNE tiene 260 recursos de FP por resolver
Retraso. Fiscal supremo Raúl Rodríguez Monteza recién jura hoy para integrarse al JNE. Este organismo se vio obligado a suspender la audiencia del viernes. La JNJ inicia proceso disciplinario contra el saliente Luis Arce.
El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tenía en agenda ayer otra audiencia para analizar y pronunciarse sobre 11 apelaciones tramitadas por el fujimorismo, pero todo quedó estancado por las maniobras dilatorias surgidas con la salida del fiscal supremo Luis Arce Córdova. Si bien el reemplazante Raúl Rodríguez Monteza recibió la notificación el jueves, recién hoy, a las 9 a.m., jurará para que asuma oficialmente como cuarto magistrado del JNE.
Rodríguez presentó un oficio a la fiscal de la Nación en el que deja sentado que asume el encargo en el JNE solo por haber recibido una orden superior.
Las cifras
Hasta ayer, 270 recursos de apelación tramitados por Fuerza Popular fueron concedidos y elevados para su resolución en última instancia por el JNE. De esta cifra, diez ya han sido revisados y declarados infundados en la audiencia del miércoles último, antes de que Luis Arce decidiera patear el tablero.
Es decir, 260 apelaciones del fujimorismo están pendientes de ser analizadas. Otro grupo menor de apelaciones estaba aún bajo análisis en los jurados electorales especiales, por lo que la cifra de casos podría tener un ligero incremento. De hecho, desde Perú Libre han solicitado la recalificación de un buen grupo de apelaciones. Fuentes de este partido precisaron que los jurados electorales especiales elevaron al JNE 213 apelaciones a pesar del incumplimiento de ciertos requisitos.
En detalle: 165 apelaciones ingresaron fuera del plazo, 42 no incluyeron los comprobantes de pago de la tasa y 6 tendrían problemas de plazo, tasa y firma. El JNE tendrá que decidir si admite estos escritos o los declara improcedentes. Si opta por esto último, la carga de expedientes podría reducirse de manera significativa.
El especialista en derecho electoral Jorge Jáuregui precisó que el pleno del JNE está en sesión permanente, por lo cual nada impide que puedan sesionar este fin de semana para avanzar con la resolución de las apelaciones. Según estimó, de no haber nuevas maniobras dilatorias, los expedientes podrían resolverse en diez días.
Contra el voto rural
En la audiencia postergada de este viernes, el pleno del JNE tenía previsto analizar y pronunciarse sobre 11 apelaciones del fujimorismo. Se trata de la insistencia de la candidata Keiko Fujimori para intentar traerse abajo los votos de 11 mesas, debido a que los resultados le fueron adversos.
Estas mesas se ubican en los distritos de Chazuta, Tocache, Bellavista y San Pablo, en la región San Martín. Y también en Arma, Aurahua, Julcamarca, Chupamarca, San Antonio de Antaparco y Santo Tomás de Pata, en la región Huancavelica.
Las apelaciones están relacionadas con las supuestas firmas falsas que no ha podido demostrar Fuerza Popular. Fue por ello que el miércoles el pleno del JNE ya desestimó en mayoría las diez primeras apelaciones del fujimorismo.
Arce bajo investigación
Por otro lado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ayer abrió un proceso disciplinario contra el fiscal Luis Arce Córdova, luego de que decidiera abandonar el cargo de magistrado del JNE, en pleno proceso electoral.
“Es muy grave lo que este magistrado (Arce) ha hecho. Ha bloqueado un proceso electoral sin tener la atribución para hacerlo. Su renuncia es ilegal e inconstitucional, y es claro que tuvo como objetivo bloquear este proceso”, comentó al respecto el abogado Jorge Jáuregui.
En paralelo, el 11 Juzgado Constitucional de Lima declaró inadmisible el hábeas data tramitado por Milagros Takayama, con el propósito de intentar acceder a las listas de electores por cada mesa de sufragio. La autoridad judicial le dio un plazo de tres días para subsanar adjuntando una firma legalizada.
Presentan querella contra la candidata Keiko Fujimori
Dos nuevas denuncias fueron tramitadas por exmiembros de mesa. Esta vez no solo contra la personera legal de Fuerza Popular, Milagros Takayama, sino también contra la candidata Keiko Fujimori.
La querella contra Takayama y Fujimori fue presentada en Puno por la ciudadana Shirley Apaza Quispe, quien cumplió sus funciones como miembro de mesa en Atuncolla y Fuerza Popular intenta vincularla con un supuesto fraude. Ahora la denunciante pide una reparación civil de 200.000 soles.
La otra denuncia corresponde al ciudadano Clímaco Quispe Crispín, quien fue miembro de mesa en Acostambo (Huancavelica), pero el fujimorismo inventó la versión de que su firma sería falsa. La querella va contra Takayama y pide una reparación civil de 200.000 soles, que incluye a Fuerza Popular.
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