Julio Guzmán bajo indagación por ser político

Julio Armando Guzmán Cáceres apareció en la campaña electoral del 2016 con la propuesta de renovar la política y el estilo de gobierno. Con esa idea es nuevamente candidato a la presidencia por el Partido Morado.

Sin embargo, pese a que aquel año el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo excluyó de las elecciones por un tema administrativo, el equipo fiscal Lava Jato lo investiga por un presunto aporte ilegal de la constructora Odebrecht.

Así, adquiere la marca de la sospecha como la mayoría de los principales candidatos presidenciales y sus partidos políticos. Aunque, a diferencia de los demás, Guzmán es el único político cuyo proceso, por lavado de activos en el contexto de aportes de campaña, no nace de la declaración de los colaboradores de Odebrecht.

Lava Jato

La decisión de investigar la tomó el fiscal José Domingo Pérez el 17 de agosto del 2020, a partir de una denuncia del abogado Carlos Huerta Escate. Hoy el caso está a cargo de la fiscal Judith Delgado Panez.

La denuncia de Huertas se sustentó en unas declaraciones en radio Exitosa, que el 30 de enero del 2019 ofreció el congresista Humberto Morales, sobre un comentario que en noviembre del 2018 realizó Phillip Butters en Willax TV.

Hasta ahora se desconoce si la Fiscalía cuenta con algún otro elemento sobre la veracidad de un aporte de la constructora brasileña. Para la campaña electoral del 2016, el Departamento de Operaciones Estructuras de Odebrecht ya había sido descubierto y sus cuentas intervenidas.

En junio del 2015, Marcelo Odebrecht fue detenido y las finanzas de su empresa era objeto de escrutinio por las fiscalías de Brasil, Estados Unidos y Suiza.

Al acogerse a colaboración eficaz, Jorge Barata y los demás directivos de Odebrecht solo han hablado de aportes en el Perú hasta las elecciones municipales y regionales del 2014. Si realizaron un hipotético aporte el 2016, no salió de la caja 2.

Cuellos Blancos

El 18 de noviembre del 2020, luego de asumir el caso y sin mayores elementos dónde buscar, la fiscal Delgado Panez incluyó en las indagaciones a Todos por el Perú, un partido político que hoy es opositor a Guzmán.

La Fiscalía pretende encontrar en dicho partido un elemento que dé sentido a las investigaciones para lograr la cooperación de Odebrecht y las autoridades brasileñas.

El inicio de esta investigación se dio en un momento en que un aspirante a colaborador eficaz y dos testigos hablaron ante la fiscal Rocío Sánchez, del caso Cuellos Blancos del Puerto, de la exclusión de Guzmán en las elecciones del 2016.

Los colaboradores y testigos dicen que algunos integrantes del JNE habrían recibido pagos para lograr la exclusión de Guzmán en marzo del 2016, cuando marchaba segundo en las encuestas de opinión pública.

Un tema del que Guzmán había hablado el mismo 2016, pero que por falta de pruebas pasó al archivo. Con lo cual, todo queda en manos de los colaboradores, para bien o mal, del investigado.

Cooperación judicial con Brasil

La investigación preliminar a Guzmán fue declarada compleja, por lo que inicialmente tiene un plazo de ocho meses, que coincide con la fecha de la elecciones, 11 de abril. El plazo se puede ampliar.

La Fiscalía ha pedido la cooperación judicial de Brasil para poder interrogar a Jorge Barata y a Ricardo Boleira sobre este tema. Además, se ha levantado el secreto bancario, tributario y bursátil de Guzmán y del partido Todos por el Perú.

La cifra

2 investigados: Julio Guzmán y Todos por el Perú.

Todo se decidirá durante el mes de abril

Enfoque por: Julio Guzmán, candidato presidencial

En julio del 2020, Carlos Huerta Escate me denunció ante la Fiscalía por supuestamente haber recibido $400,000 de Odebrecht. La ‘evidencia’ que presentó, con la cual se inició una investigación preliminar, fue una imagen usada por Phillip Butters en Willax cuando entrevistaba al excongresista Humberto Morales, quien me acusa del supuesto hecho.

Es materialmente imposible que yo haya recibido dinero de los brasileños o de sus operadores ya que el mismo cronograma de la Fiscalía -de la operación, detención y captura de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, del 2007 hasta 2015- no coincide con mi participación política en el 2016.

Por eso no sorprende que hayan pasado cuatro de los ocho meses establecidos para la investigación preliminar y la Fiscalía no haya recabado ni un solo testimonio, prueba alguna o indicio que permita profundizar las investigaciones. De los testigos convocados por la Fiscalía, unos refieren no conocerme, otros no eran autoridades de Todos por el Perú (TPP), partido por el que postule el 2016, y los demás nunca fueron parte de la campaña electoral.

Dos meses después de iniciar la investigación, la Fiscalía incorporó a TPP de forma ilegal porque no está dentro de sus facultades. Esto solo se puede hacer durante una investigación preparatoria (como indica el artículo 90 del Código Procesal Penal), a la cual aún no llegamos, y por orden de un juez en previa audiencia, lo cual tampoco se hizo.

La Fiscalía también solicitó a las autoridades brasileñas una búsqueda de mi nombre en el sistema Drousys, el registro de todos los involucrados en este caso de corrupción, y el resultado es que la misma Odebrecht afirma que no sabe nada de mí. Ninguna de las declaraciones testimoniales y ninguno de los documentos recabados hasta la fecha brindan algún elemento adicional relevante sobre la investigación. Esto confirma que el documento presentado por Butters es falso o se refiere a otro Guzmán, con lo que esta investigación no tendría mayor sustento.

El costo de tiempo y recursos públicos se desperdicia absurdamente, sobre todo cuando el denunciante es una persona conocida por hacer denuncias falsas que no concluyen en nada. También es preocupante que la Fiscalía haya incorporado ilegalmente a TPP en esta investigación. Este hecho, en el mejor de los casos, amerita una queja funcional por falta grave; y en el peor, una denuncia por delito de prevaricato. La credibilidad de la Fiscalía está en juego.

He cumplido con todo lo que la Fiscalía me ha pedido y, sin embargo, en cuatro meses, aún no me citan para declarar. Lo curioso y sospechoso es que los ocho meses de investigación solicitados calzan, exactamente, en abril del 2021: mes de las elecciones presidenciales. No nos sorprenderemos si semanas o días antes de las elecciones, la Fiscalía se inventa algo para perjudicar mi candidatura. Lo advierto desde hoy.

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