Presupuesto 2027: sindicatos rechazan restricciones a la negociación colectiva y convocan plantón frente al Congreso
Sindicatos estatales cuestionan que el proyecto condicione sus negociaciones a las reglas fiscales del Estado. Piden retirar tres artículos que, según advierten, podrían frenar nuevos aumentos y complicar el pago de los acuerdos ya firmados, por lo que se movilizarán el 17 y 18 de noviembre desde las 9.00 a. m.
La República en GoogleEl proyecto de Presupuesto Público 2027, que asciende a S/266.506 millones, incorpora nuevas condiciones para negociar aumentos y financiar beneficios laborales en el sector público. Los sindicatos advierten que estas medidas podrían dificultar los acuerdos con las entidades estatales, incluso en negociaciones que ya están en marcha.
El Frente de Trabajadores Estatales del Perú (FTEP) convocó a dos días de movilización y a un plantón frente al Congreso el 17 y 18 de noviembre, desde las 9.00 a. m. La organización pide retirar los artículos 23.6, 32.2 y 33.2, porque considera que afectan los derechos laborales y la negociación colectiva.
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Uno de los principales cuestionamientos es que el Gobierno busca sujetar los acuerdos laborales a las reglas de gasto público. De esta manera, las negociaciones sobre beneficios económicos no dependerían solo del diálogo entre trabajadores y empleadores, sino también de las condiciones presupuestarias que fije el Estado.
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Presupuesto 2027: negociaciones colectivas en trámite deberán adecuarse a reglas fiscales
Uno de los puntos más sensibles está en el artículo 32.2, que dispone que los procesos de negociación colectiva y arbitraje laboral deben sujetarse a las normas de administración financiera del Estado, las reglas macrofiscales y los criterios de equilibrio y estabilidad presupuestaria.
El siguiente numeral, el 32.3, establece que los procesos que ya se encuentren en trámite también deberán adecuarse a estas disposiciones, lo que abre interrogantes sobre las condiciones bajo las cuales continuarán las negociaciones iniciadas antes de la entrada en vigencia del presupuesto y si los nuevos parámetros podrían limitar los acuerdos económicos entre sindicatos y entidades públicas.
Aunque el artículo 32.1 reconoce una excepción a la prohibición general de aumentos remunerativos para los ingresos aprobados mediante convenios colectivos, actas de conciliación y laudos arbitrales, los numerales siguientes incorporan condicionamientos fiscales que podrían restringir su aplicación.
A ello se suma el artículo 34, que obliga a los árbitros a considerar las normas de administración financiera, austeridad y disciplina del gasto público. La disposición genera preocupación porque podría reducir el margen para resolver controversias laborales cuando estas involucren compromisos económicos.
MEF tendría que dar opinión previa para financiar convenios colectivos
Las restricciones también alcanzan la ejecución de los acuerdos. El artículo 33 establece condiciones para utilizar las partidas presupuestarias destinadas a implementar la negociación colectiva descentralizada, es decir, aquella que se desarrolla entre los sindicatos y las entidades públicas.
En particular, el numeral 33.2 dispone que determinados recursos solo podrán habilitar otras partidas para financiar convenios suscritos en 2026, previa opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, el predictamen fija el 26 de febrero de 2027 como fecha límite para presentar estas solicitudes.
En la práctica, las entidades públicas no tendrían plena libertad para realizar ajustes presupuestarios que permitan cumplir los compromisos asumidos con sus trabajadores. La intervención previa del MEF podría convertirse en una condición adicional para ejecutar acuerdos colectivos.
Trabajadores estatales rechazan artículos del Presupuesto 2027
El FTEP también incluyó entre sus cuestionamientos el artículo 23.6, referido a disposiciones sobre la consolidación de incrementos remunerativos en el régimen del Decreto Legislativo 276 para gobiernos locales.
El rechazo sindical se produce en medio del debate del presupuesto para el próximo año, que todavía debe completar su trámite legislativo.
El principal cuestionamiento de fondo es hasta dónde pueden llegar las reglas de disciplina fiscal sin terminar condicionando el derecho constitucional a la negociación colectiva, reconocido también por la Ley 31188.
