‘Ley Chlimper 2.0′ en agenda de HOY: Congreso busca acelerar su aprobación pese a alto perjuicio fiscal

A pocos días de culminar la legislatura del Congreso, el dictamen de la ‘Ley Chlimper 2.0′ figura nuevamente en la agenda del Pleno. Se trata de una serie de beneficios tributarios destinados a las grandes empresas agroexportadoras que tendrían un impacto fiscal de hasta S/20.000 millones. No obstante, esto parece no importarle a sus promotores.

Como se recuerda, una reconsideración planteada por el congresista de Fuerza Popular César Revilla logró que la iniciativa de ley no sea revisada por la Comisión de Economía y de esta manera, quedó expedita para su abordaje en la máxima instancia del Poder Legislativo, que sesionará este miércoles 4 de junio.

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"La nueva ley agraria que regala millones en exoneraciones tributarias a las agroexportadoras está incluida en la agenda del Pleno de mañana. Recordemos que el fujimorismo y sus aliados bloquearon que pase a la Comisión de Economía para un mayor análisis. Ahora, quieren apurar su aprobación sin una evaluación seria de su impacto fiscal", escribió la congresista Sigrid Bazán en sus redes sociales.

Precisamente, la parlamentaria reveló hace algunos días que el nuevo texto sustitutorio del dictamen de la Comisión Agraria elimina el límite temporal de 10 años para el otorgamiento de estos beneficios tributarios. Ciertamente, al revisar el artículo 12 de la propuesta, se observa que ya no se incluye el cuadro que definía el horizonte temporal para la disminución del impuesto sobre la renta, lo que podría interpretarse como indefinido.

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CGTP y Conveagro en contra de Ley Chlimper 2.0

Hace algunos días, la CGTP demandó el archivamiento del dictamen de la Ley Chlimper impulsada por Fuerza Popular. De acuerdo con la central sindical, esta propuesta pretende reinstaurar privilegios tributarios como la reducción de la tasa del impuesto a la renta, que pasaría del 29,5% al 15%, provocando una pérdida fiscal de aproximadamente S/1.850. millones por año y .

Según indicaron, los promotores de esta norma insisten en legitimar un modelo en el que los pequeños productores terminan siendo subordinados a las grandes empresas agroexportadoras. Y es que, mientras estas compañías han multiplicado su productividad en los últimos años, la explotación a los trabajadores continúa.

"El 94% de los contratos en el sector agrario son temporales, lo que refuerza un régimen de desprotección, impide la continuidad de aportes a salud y pensiones, y debilita gravemente la libertad sindical. La tasa de sindicalización en el agro ha caído a un mínimo histórico de 2%, en un contexto donde abundan los despidos arbitrarios, las represalias contra dirigentes y la hostilidad abierta hacia la organización sindical", explicaron.

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Además de los trabajadores, las organizaciones agrarias se han pronunciado en más de una oportunidad en contra esta medida que favorecerá a las grandes empresas a costa de la agricultura familiar, pilar fundamental de la seguridad alimentaria del país. Según Conveagro, este dictamen se aleja de su objetivo central que busca la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad con un sesgo social.

“Al permitir que formas empresariales de pequeños exportadores, aliadas con grandes empresas agroexportadoras y beneficiadas con ventajas en el puntaje, compitan en igual de condiciones con las organizaciones de agricultura familiar; se distorsiona una política pública que, hasta octubre de 2024, ha licenciado a 546 organizaciones, beneficiando a miles de productores. Esto comprometería su sostenibilidad y propósito original”, anotaron anteriormente en un pronunciamiento.