Tía María sin licencia social: dirigentes buscan detener proyecto a través de una demanda de amparo
En medio de una creciente conflictividad social, los agricultores del Valle de Tambo interpusieron recurso legal ante el Poder Judicial para garantizar sus derechos y frenar la imposición del proyecto Tía María.
La República en GoogleCon información de Silvana Quiñonez - Urpi LR
Los dirigentes del Valle de Tambo, acompañados de organizaciones de sociedad civil, presentaron una demanda de amparo contra las autoridades ambientales y la empresa Southern Perú con el propósito de proteger el derecho a un ambiente sano y equilibrado que se ve amenazado por la imposición del proyecto Tía María.
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Dicha acción legal se suma al paro indefinido que inició el 17 de febrero, el cual ha sido respaldado por diversas organizaciones sociales de la Macro Región Sur y del país. Y es que pese a no contar con licencia social, tanto Southern como el gobierno de Dina Boluarte insisten dar marcha a la construcción del proyecto minero para agosto o septiembre de este año.
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Tía María: rechazan proyecto minero sin licencia social
En declaraciones a este medio, Miguel Meza, vocero del Valle de Tambo, denunció que los representantes del Poder Ejecutivo y de la empresa de capitales mexicanos buscan imponer Tía María sin haber realizado un proceso de socialización con las comunidades locales afectadas. En esa línea, criticó la ausencia de la presidenta Dina Boluarte y del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero quienes no han visitado la región para generar un espacio de diálogo.
"Rechazamos contundentemente las versiones sindicadas. Es falso, ya que no ha socializado nada la empresa minera Southern y no hay licencia social. Además, no hay perdón ni olvido por las muertes ni por la criminalización en el año 2015. Nos pusieron en estado de emergencia y nos persiguen hasta ahora. Vienen armando estrategias de mentiras para poder imponer un proyecto que amenaza la agricultura", aseveró Meza.
Sobre este tema, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, informó desde Arequipa que la próxima semana acudirán al Valle de Tambo para conversar con la población y anunció que la construcción de la represa Tambo Bajo se realizará bajo la modalidad de obras por impuestos.
"Hay que reconocer que la oposición va disminuyendo en el tiempo. Está claro que es un proyecto que se tiene que hacer porque es muy necesario para Arequipa y para el país, pero también tenemos claro que hay que compensar a los agricultores en sus preocupaciones. Y sus preocupaciones son la no contaminación y tener el recurso hídrico disponible y que quieren el desarrollo productivo de la zona", anotó.
No obstante, Miguel Meza respondió firmemente señalando que las medidas de lucha continuarán. Para este 10 de abril, habrá una nueva movilización y el 14 de ese mismo mes se realizará un Paro de la Microrregión Sur en contra del proyecto Tía María y por la conclusión del Gaseoducto del Sur Andino.
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Caducidad del Estudio de Impacto Ambiental
De acuerdo con David Velazco, director de FEDEPAZ, la acción de amparo ingresada a mesa de partes del Poder Judicial busca declarar la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María aprobado en el 2014 y cuya vigencia se terminó cinco años después, tal y como lo estipula la Ley N° 27446 y su reglamento.
Por su parte, Rodrigo Lauracio de la Red Muqui, informó que el proceso judicial debe iniciar con la admisión de la demanda por parte del juez, lo que debería ocurrir en un plazo de tres días. Luego de ello, el Ministerio de Energía y Minas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional de Certificación de Inversiones Sostenibles (Senace) y la empresa minera Southern tendrán diez días para responder.
"¿Por qué se está permitiendo y dando las autorizaciones a un proyecto minero que ha perdido vigencia debido a que su Estudio de Impacto Ambiental ha caducado. No hemos obtenido respuesta que resuelva esa interrogante que hemos presentado. Han guardado simplemente silencio. Para lo que nosotros corresponde es que sea una autoridad Judicial la que resuelva y nos reafirmamos que el Estado debe garantizar todos los derechos de los ciudadanos, más aún cuando puede existir impacto ambiental", enfatizó.
Aunque el plazo legal para resolver el caso en primera instancia es de 30 días, Lauracio alertó que, debido a la carga en los tribunales, el proceso podría prolongarse entre dos y tres meses. Además, subrayó que, aunque no es la primera vez que se presenta una demanda de esta naturaleza, en esta ocasión se han recopilado más evidencias e informes que acreditan los riesgos ambientales.
En representación de los agricultores, Agripina Páucar manifestó su inquietud por las repercusiones ambientales y sociales que podría acarrear el proyecto Tía María. Subrayó la relevancia de la agricultura como la principal fuente de ingresos en la región y denunció que la actividad minera ya ha impactado negativamente el agua y la salud de los residentes de Islay.
Según Páucar, el agua que proviene de otras operaciones mineras, como Quellaveco y Aruntani, muestra elevados niveles de contaminación, lo que pone en peligro tanto la producción agrícola como la calidad de vida de las comunidades.
