Economía

Trabajadores agroindustriales demandan que dictamen de la ‘Ley Chlimper 2.0′ sea archivado

La Fentagro rechaza el dictamen de la Comisión Agraria que otorga beneficios tributarios a las grandes empresas agroexportadoras. Propuesta sigue pendiente de debate en la Comisión Permanente.

Rechazo. El costo de la ‘Ley Chlimper 2.0′ ascendería a S/1.850 millones anuales. Foto: Archivo La República
Rechazo. El costo de la ‘Ley Chlimper 2.0′ ascendería a S/1.850 millones anuales. Foto: Archivo La República

A través de un pronunciamiento, la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro) manifestó su abierta oposición al dictamen de la Ley Chlimper 2.0. que el Congreso pretende aprobar en la Comisión Permanente. Dicha propuesta figura nuevamente en su agenda de este viernes 21 de febrero y cuenta con el respaldo de los ministros de Economía, Desarrollo Agrario y gremios exportadores. .

"Este proyecto cocinado en el Congreso por iniciativa fujimorista ha sido hecho a la medida de los grandes millonarios de la agroexportación, sin ningún tipo de justificación técnica. Desde Fentagro exigimos que este dictamen sea inmediatamente archivado", aseveraron.

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Según recordaron los trabajadores agroindustriales, la propuesta de la Comisión Agraria que preside Eduardo Castillo de Fuerza Popular beneficiará a los grandes empresarios, quienes al pretender pagar apenas la mitad del impuesto a la renta, los dejarán sin recursos para hospitales, escuela y carreteras.

En esa línea, anotaron que, de aprobarse la propuesta legislativa, se limitará la labor de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y se pondrá en riesgo el bono beta, ya que su intención original es eliminarlo.

"La derogatoria de la Ley 27360 en el 2020 costó la vida de tres compañeros mártires de la clase obrera en la provincia de Virú. No dejaremos que su lucha sea en vano. Saldremos de nuevo a las calles con más fuerza que antes", enfatizaron.

MEF cambia de posición y apoya ‘Ley Chlimper 2.0′

El MEF había venido alertando que el impacto fiscal del dictamen de la ley de promoción agraria ascendería a S/1.888 millones cada año. Es decir, alrededor de S/20.000 millones que se dejarían de recaudar entre el 2025 y 2035, mientras se implementa la medida. No obstante, desde la nueva gestión de José Salardi se evidencia un cambio de posición.

Durante una entrevista en un medio de comunicación, el titular del MEF se mostró a favor de la conocida ‘Ley Chlimper 2.0′ debido a que favorecerá las exportaciones del sector agro, que pasaron de US$400 a más de US$ 11.000 millones. Asimismo, enfatizó que esta iniciativa legislativa incorpora un paquete de medidas en beneficio de la pequeña agricultura.

A contraparte, el exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros, indicó que Salardi ha optado por una posición antitécnica, ya que contradice el informe anterior del MEF en el que se sustentó el alto perjuicio fiscal de esta propuesta.

"Recordemos que el MEF anterior advirtió un forado de más de S/20.000 millones en el tesoro público, para el sector que más beneficios recibe en términos tributarios y que se concentrarían en empresas grandes. En dicho sector, las utilidades de las empresas grandes crecieron en 74% en el año 2023. Ahora, se cambia el sentido de lo que había expresado el anterior ministro de Economía y preocupa también las declaraciones del titular del Midagri que apoya esta norma", declaró a este medio.

Beneficiados con la Ley Chlimper

De acuerdo con un informe del MEF al que accedió La República, grandes empresas agroexportadoras como Camposol, Cerro Prieto, Danper y otras más, ya vienen gozando de los beneficios de la Ley N.° 31110, aprobada en el 2020. Actualmente, estas concentran el 92% de los ingresos del sector agroexportador.

“A la fecha, las empresas argroexportadoras ya reciben beneficios tributarios por más de S/5.200 millones. Si sumamos este monto con los S/2.000 millones, el costo fiscal es de S/7.200 millones al año”, explicó Fernando Cuadros. Pero, al Parlamento parece importarle poco las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, la OCDE y del propio MEF.

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