APP: inestabilidad y sobrecostos genera preocupación
Infraestructura. El Ministerio de Economía impulsa la reforma de las Asociaciones Público-Privadas, mientras expertos debaten sus implicancias.
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El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, planteó la reforma y relanzamiento del mecanismo de Asociaciones Público-Privadas (APP) con el fin de acelerar el cierre de brechas de infraestructura “en el corto plazo”.
Durante el evento "Asociaciones Público-Privadas: Hacia dónde vamos. oportunidades y retos en el financiamiento de proyectos APP", organizado por el MEF y la CAF Asset Management, Salardi aseguró que este modelo es el mejor mecanismo para desarrollar infraestructura sostenible en el Perú. Además, destacó que está alineado con el compromiso de su gestión de acelerar el crecimiento.
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“Una adenda autofinanciada no se puede demorar en el Perú más de seis meses. Nos demoramos hasta cinco años teniendo discusiones que no tienen ningún sentido cuando el privado es el experto en el negocio; y al privado hay que exigirle nivel de servicio”, indicó el ministro.
Por su parte, el director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, destacó que las adjudicaciones de APP en 2024 reflejan la confianza del sector privado en el país y en su desarrollo a largo plazo.
Y es que el monto adjudicado hasta la fecha, cerca de US$ 9.000 millones por 16 adjudicaciones, representa el 25% de lo necesario para cerrar la brecha de infraestructura de corto plazo. En ese sentido, aseguró que si se mantiene este ritmo en los próximos años, el objetivo podría alcanzarse en cuatro años.
Debate de sus implicancias
El economista Armando Mendoza señaló a La República que, sumadas a las declaraciones de Dina Boluarte el pasado 28 de julio, las palabras del ministro evidencian que el Gobierno apuesta por impulsar tantas APP como sea posible hasta 2026.
“Tengo gran preocupación por el anuncio, considerando que las experiencias de las APP en Perú no han sido exactamente brillantes”, expresó Mendoza.
Hay APPs que han resultado muy onerosas para el Estado peruano. Un ejemplo es el aeropuerto de Chinchero, donde se registró un avance insuficiente tras otorgarse la concesión a un privado sin solvencia financiera. También la carretera Interoceánica, construida por Odebrecht, cuyo costo se elevó de US$ 700 millones a US$ 4.500 millones en 2017. Y más recientemente, informes señalarían que la construcción de los colegios Bicentenario por APP costaría el doble por metro cuadrado en comparación con una ejecución estatal.
“Muchas veces se vende a las APP como una suerte de responsabilidad social empresarial que no le va a costar al Estado ni a los ciudadanos. Falso. Es un negocio donde el privado busca rentabilidad”, afirmó.
Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía, sostuvo que las APPs son un “instrumento eficaz” porque facilitan el financiamiento de obras para la comunidad y garantiza su operación y mantenimiento a largo plazo por parte del sector privado.
“El problema de la obra pública tradicional radica en que, una vez construida, su mantenimiento y operación quedan en manos del Estado, el cual ha demostrado ser ineficiente", explicó.
No obstante, advirtió sobre la constante modificación de las leyes y regulaciones de las APP, lo que genera incertidumbre y paraliza la toma de decisiones.
