Conveagro pide al Pleno rechazar Ley Chlimper 2.0: "pone en grave riesgo a la agricultura familiar"

El pasado miércoles, la Comisión Agraria del Congreso de la República aprobó el dictamen de la nueva ley de promoción agraria o también considerada como Ley Chlimper 2.0 que dota de beneficios tributarios a las agroexportadoras con un impuesto a la renta (IR) reducido al 15%. En cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el daño fiscal sería de S/1.850 millones anuales.

En ese contexto, la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) manifestó su rechazo al documento que entrará al Pleno debido a que, en principio, despojaría a los productores familiares del mercado de compras estatales de alimentos, un nicho exclusivo diseñado para fortalecer su economía y competitividad, que representa no menos del 30% de un mercado anual de más de S/4.000 millones.

“Al permitir que formas empresariales de pequeños exportadores, aliadas con grandes empresas agroexportadoras y beneficiadas con ventajas en el puntaje, compitan en igual de condiciones con las organizaciones de agricultura familiar; se distorsiona una política pública que, hasta octubre de 2024, ha licenciado a 546 organizaciones, beneficiando a miles de productores. Esto comprometería su sostenibilidad y propósito original”, señaló.

Refiere el gremio que el dictamen pretende extender ilegítimamente los beneficios de programas concursables estatales de articulación empresarial, Innovación tecnología y financiamiento, diseñados para fomentar la competitividad y sostenibilidad de las MYPE, al sector agroexportador.

“Esto permitirá que los agroexportadores, con mayores recursos y capacidades, desplacen a las MYPE, incluidas las formas asociativas de la agricultura familiar destruyendo el propósito original de estos programas”, sostuvo.

Además, el dictamen pretende extender los programas de cofinanciamiento no reembolsables de Agroideas, Agro Rural, Agromercado, Senasa y otros, diseñados para cerrar las profundas brechas estructurales de la agricultura familiar, a pequeños exportadores y sus formas empresariales.

Críticas al beneficio tributario

La propuesta también permite que todas las empresas exportadoras, sin importar su tamaño, adicionalmente al régimen tributario del dictamen, accedan a regímenes tributarios aún más beneficiosos, diseñados para sectores de baja capacidad contributiva.

Esta medida, según el gremio, vulnera el Principio Constitucional de Igualdad Tributaria, al ignorar la proporcionalidad según capacidad económica, profundiza la brecha de competitividad y afecta gravemente la economía de los pequeños productores, debilitando además su rol en la seguridad alimentaria del país.

“El dictamen establece un modelo de asociatividad contractual desequilibrado y desregulado, donde las agroexportadoras, mediante contratos, apoyan a las formas asociativas de la agricultura familiar para mejorar sus capacidades y, a cambio, aseguran la compra de la producción de sus socios. Este mecanismo les permite acceder incentivos tributarios y consolidar su dominio territorial, mientras los costos y riesgos de la producción recaen en los productores. Este esquema perpetúa la inequidad, vulnera la Política Nacional Agraria 2021-2030 y expone al país a conflictos sociales de alta intensidad”, señaló Conveagro.

Finalmente, sostuvo que el dictamen plantea otorgar incentivos fiscales desproporcionados, carentes de sustento técnico y sin evaluación previa mediante herramientas claves como líneas de base, indicadores de impacto o mecanismos de monitoreo.

“La ausencia de rigor técnico convierte estos incentivos en meros privilegios de carácter "rentista", sin asegurar resultados concretos como nuevas inversiones, aumento de productividad, modernización del sector, acceso al trabajo decente o competitividad sostenible. En lugar de fomentar desarrollo, perpetúa inequidades y socava la confianza en la política tributaria del país”.

Mesa técnica para analizar nueva ley agraria

En ese sentido, Conveagro manifestó que el dictamen, lejos de beneficiar al agro peruano, pone en grave riesgo la sostenibilidad de los productores de la agricultura familiar. Frente a ese escenario, solicitó rechazar el dictamen en el Pleno del Congreso por estar contra la sostenibilidad y el futuro de la agricultura familiar.

Como propuesta, encomendó aprobar la instalación de una mesa técnica liderada por el presidente del Congreso de la República, que involucre a representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la academia, expertos en políticas públicas y representantes de organizaciones de la agricultura familiar.