Congreso propone otorgar beneficios tributarios a productores agrarios
La propuesta del legislador de Fuerza Popular consiste en crear un régimen excepcional para la devolución del IGV a productores de limones, naranjas, uvas, entro otros productos.
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El congresista y presidente de la Comisión Agraria, Enrique Castillo, de Fuerza Popular, presentó el proyecto de ley para crear el régimen excepcional para la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los productores agrarios, estableciendo el procedimiento tributario de compensación y devolución de este impuesto de las adquisiciones de insumos, materias primas, otros bienes, servicios, contratos de construcción y las pólizas de importación que estén gravados.
De acuerdo al proyecto de ley 5861, el acceso a los beneficios tributarios será siempre que las adquisiciones de bienes y servicios sean con comprobantes de pago electrónicos, salvo excepciones. Comprende a los productores agrarios que se encuentran inscritos en el Régimen General, Régimen MYPE Tributario (RMT), Régimen Especial de Renta (RER), Régimen Agrario y el Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS), y que produzcan ciertos alimentos especificados en el anexo 1 de la norma.
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Limones, naranjas, uvas, papas, tomates, lechugas, espárragos, entre otras más de 60 partidas arancelarias.
"El importe del IGV consignado en los comprobantes de pago de las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción y las pólizas de importación, que estén a nombre de los productores agrarios señalados en el artículo 2, darán derecho a un saldo a favor del productor agrario, conforme lo disponga el Reglamento de la presente ley", se precisa.
La exposición de motivos refiere que la exoneración de IGV a los alimentos desde 1996, a través del Decreto Legislativo 821, genera un costo financiero a los productores, además de tener un tratamiento tributario diferenciado en comparación de quienes destinan su producción al exterior. De esta manera, la propuesta busca emparejar la cancha.
La iniciativa legislativa aún debe pasar por la evaluación de las comisiones del Congreso antes de pasar al Pleno para su debate y votación.
