El 76% de los peruanos es informal, mientras los conflictos políticos estancan el crecimiento económico

Al cierre del segundo trimestre de este año, la tasa de informalidad en el Perú es del 76%; indicador que pese a retroceder ligeramente a lo visto en 2021 (77%), no da buenas señales sobre mejoras en la calidad de vida al comprobarse que el subempleo (trabajo precario) subió en 24,4% frente al 2019, informaron desde Credicorp Capital.

Si bien la economía peruana creció a dos dígitos en 2021; para 2022 se espera que llegue a 2,8% y en 2023, a 2,3%, afectada por la constante crisis política y conflictos entre el Congreso de la República y el Gobierno de Pedro Castillo, agudizada esta situación con los altos índices de desaprobación ciudadana para cada uno.

Si bien no hay cambios en la Constitución como en Chile, prevén una desaceleración económica, ya vista con los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

“El choque interno más fuerte desde la década de los ochenta”

Según el economista jefe de Credicorp Capital, Daniel Velandia, Perú es la economía que no ha podido recuperar sistemáticamente sus niveles prepandemia —junto a México— siendo un factor clave no solo las medidas del Congreso “insostenibles en el corto plazo”, como el retiro de AFP o CTS, sino, por el retroceso de la confianza empresarial.

“La confianza empresarial sigue muy deteriorada. Nunca había estado tan negativa desde los años ochenta por un choque interno. El peor golpe fue la pandemia y la crisis de 2008/2009, pero son externos”, refirió Velandia.

El experto asegura que pese a los altos indicadores de informalidad en el Perú, esta obliga a que la economía funcione por inercia, ya que la gente vive del día a día.

“La informalidad sustenta el crecimiento de la economía peruana. Si los trabajadores protestan por tres o cuatro días, se quedan sin comer. Se necesitan reformas para que el crecimiento vuelva a elevarse”, añadió.

En ese sentido, recomendó la aplicación de políticas como el subsidio a las prestaciones sociales de las empresas o costos no salariales para determinados sectores; para ello, es clave ampliar la base tributaria ante los elevados índices de elusión en el pago de impuestos.