Un agravio histórico

Fue uno de esos episodios vergonzosos que la historia oficial prefiere olvidar. Ocurrió en la década de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. El gobierno peruano, a pedido de su par norteamericano, llevó a cabo un plan de detención de ciudadanos japoneses afincados en el Perú, acusándolos, sin pruebas, de ser agentes del Imperio Japonés en América.

Estos inmigrantes fueron deportados y enviados a campos de concentración en los Estados Unidos, donde vivieron como prisioneros por años hasta el final de la guerra.

En los años ochenta y noventa, el historiador Luis Rocca investigó este tema. Entrevistó a numerosos sobrevivientes de los campos de concentración, hombres y mujeres que fueron internados siendo niños y que ya ancianos, cuando el investigador los abordó, recordaban con dolor ese período terrible en el que la patria que los vio nacer los agredió y humilló.

–Fue la más grande violación a los derechos humanos que se cometió contra un grupo étnico desde la época de la esclavitud –dice Rocca, en diálogo con DOMINGO–. Estas personas eran ciudadanos inocentes, trabajadores, y se cometió una gran injusticia contra ellos.

Fruto de sus investigaciones es el libro Los desterrados. La comunidad japonesa en el Perú y la Segunda Guerra Mundial, que dejó listo en el año 2000 y que por diversas razones no publicó, hasta que logró hacerlo este año, hace unas semanas, gracias al Fondo Editorial PUCP.

Familias rotas

En su libro, Rocca expone el contexto hostil en el que vivían los inmigrantes japoneses, que ya en la década de 1930, al parecer a raíz de rivalidades comerciales, tuvieron que padecer saqueos de sus negocios, y que en mayo de 1940, iniciada la guerra, fueron víctimas de ataques xenofóbicos alentados por políticos locales, que los veían como enemigos de Occidente.

Las deportaciones comenzaron en abril de 1942 y se prolongaron hasta febrero de 1945. El historiador calcula que durante esos años el Perú deportó cerca de 1.800 personas, tanto inmigrantes japoneses como sus familias –incluso, esposas peruanas e hijos nacidos en el país–.

–Se destruyeron familias –dice–. Los que se fueron solos a los campos de concentración difícilmente volvieron a ver a las familias que dejaron. Solo un centenar de los que fueron deportados pudo volver al país, porque eran nacionalizados. El resto se quedó en los Estados Unidos o se fue al Japón. Los que volvieron, estaban en la pobreza. Les habían quitado todo.

Rocca recuerda la historia de Lidia Naeko, quien acompañó a sus abuelos a un campo de concentración mientras sus padres se quedaban en Perú. Cuando acabó la guerra, no pudieron volver y tuvieron que irse a Okinawa, donde vivieron en la más profunda pobreza. Lidia recién volvió a ver a sus padres después de 18 años.

Y la historia de Mantaro Kague y Micaela Castillo, él un japonés que fue deportado en 1942 y ella, su esposa, una joven pero decidida piurana que apenas tuvo oportunidad, agarró a sus ocho hijos y se subió a un barco para ir a su encuentro en el campo de concentración de Crystal City, en Texas. Ellos fueron los padres de Augusto Kague, quien muchos años después abriría un restaurante en La Perla y se convertiría en un referente de la cocina nikkei en Perú.

Uno de los pasajes más amargos de Los desterrados es cuando Rocca repasa las memorias de John Emmerson, enviado por Washington para supervisar las deportaciones. Al recordar sus actividades en Perú, el funcionario confiesa que nunca encontró evidencia de que las personas a las que había incluido en la “lista negra” de las deportaciones fueran a cometer actos de espionaje o subversión, que era el pretexto para detenerlas. Y, sin embargo, sabiendo que eran inocentes, destruyeron sus vidas.